Editar perfilCampaña «Ciudades accesibles, ciudades más humanas»
Fundación ONCE y Fundación Legálitas presentan la campaña de sensibilización ‘Ciudades accesibles, ciudades más humanas’, una iniciativa que pone de manifiesto las dificultades sobre movilidad y accesibilidad que tienen los ciudadanos, especialmente las personas con discapacidad.
La accesibilidad universal es la condición que deben cumplir todos los entornos para que sean transitables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Algo por lo que deben velar todos aquellos responsables de legislar, de acuerdo con los criterios marcados por la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
En sentido, Fundación ONCE y Fundación Legálitas abogan por la defensa de este derecho universal, poniendo en marcha esta campaña orientada a mostrar los principales escenarios con los que las personas se encuentran en su día a día, fundamentalmente en tres aspectos: la vía y el transporte público, las comunidades de vecinos y el ocio y la cultura.
Bajo estas premisas, la campaña ‘Ciudades accesibles, ciudades más humanas’ desarrollará tres webinar a lo largo de los próximos meses, en los que abordarán estos asuntos con la participación de expertos legales, representantes de asociaciones y fundaciones y de distintas administraciones públicas responsables de la ejecución de estos proyectos.
Como complemento a estas sesiones, se ha elaborado una colección de videos en formato animado, en los que se muestra esta problemática adaptada a un lenguaje amable y simpático, con el que visualizar distintas situaciones reales en las que la accesibilidad está ausente de manera universal. Los videos están protagonizados por los conocidos personajes de la serie ‘ON Fologüers’ de Fundación ONCE.
Tanto los videos como los webinar o las conclusiones que se extraigan serán difundidas a través de los diferentes perfiles que ambas fundaciones tienen en las redes sociales.
El primer video, referido a esta temática, puede visualizarse en el video oficial de YouTube.
La campaña se enmarca en el convenio de colaboración renovado entre ambas entidades este año, orientado a desarrollar acciones de sensibilización relacionadas con diversos aspectos jurídicos y de derechos de humanos, con las que pretenden promover y facilitar la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.
Fuente: Discapnet
Continuamos con el análisis de la Orden Ministerial TMA/851/2021. Ya vimos en la 
El Gobierno inició el pasado martes los trámites para adaptar a la legislación española la directiva europea que fija los requisitos de accesibilidad para determinados bienes y servicios, conocida popularmente como Ley Europea de Accesibilidad.
Este es el objetivo del Anteproyecto de Ley en materia de requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios aprobado hoy en primera lectura por el consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Dicho texto busca trasponer al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que se establecen los requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Entre otros aspectos, la normativa europea fijó las exigencias mínimas de accesibilidad comunes a toda la UE para teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores; máquinas expendedoras de billetes de transporte adaptadas; televisiones y programas de televisión; bancos y cajeros automáticos; e-books; páginas web de compras en línea, y aplicaciones para móviles.
Su propósito fue facilitar el acceso y participación de las personas con discapacidad en estos ámbitos, y señaló 2022 como año límite en para que los Estados miembro la adaptasen a sus legislaciones nacionales.
Según el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, esta directiva establece “un nuevo marco de protección a las personas con discapacidad como clientas, consumidoras y usuarias”, y refuerza su derecho a acceder a los bienes y servicios disponibles en el mercado interior europeo.
El etiquetado inclusivo es una de las novedades introducidas en la Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica y una de las mejoras que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha calificado de «éxito» tras su reunión con representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Garzón ha recordado que cualquier persona «puede ser en cualquier momento, si no lo es ya, un consumidor o consumidora vulnerable» y que, por tanto, se trata de una ley «muy positiva para el conjunto de la sociedad», ya que amplía sus derechos.
Otra de las novedades incorporadas en el trámite parlamentario es que se favorecerá la inclusión financiera de las personas de mayor edad. Así pues, el Gobierno promoverá, en el plazo de tres meses, las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a las personas vulnerables que lo demanden, sin discriminación alguna por razón de la conocida como brecha digital.
Adicionalmente, y en coordinación con el Banco de España y representantes del sector de entidades de crédito, el Ejecutivo adoptará medidas para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables y, especialmente, de las de edad avanzada.
Con ello, se busca que el cierre de oficinas bancarias no lleve emparejado el cierre de sus cajeros automáticos externos y que las entidades incrementen su personal para poder ayudar a realizar distintas operaciones a las personas con menores capacidades digitales.
Con este nuevo texto, el Ministerio de Consumo consolida la figura de la persona consumidora vulnerable, un marco legal que permite corregir situaciones de indefensión, protegiendo a colectivos vulnerables (menores, personas con distintos tipos de discapacidad, de avanzada edad o escaso nivel de digitalización, entre otros).
Son ejemplos de grupos sociales particularmente expuestos a abusos, fraudes, estafas y engaños por técnicas de comercialización o de información y por las que el Gobierno desarrolla medidas especiales de apoyo o asistencia para garantizar que toma las decisiones de consumo acordes con sus intereses.
El concepto de persona consumidora vulnerable en sus relaciones de consumo recoge todas aquellas situaciones en las que hay una desventaja, desprotección, indefensión o subordinación frente a empresas, aunque sea de forma temporal, territorial o sectorial, debido a sus características, necesidades o circunstancias personales.
El Gobierno crea, por tanto, un paraguas jurídico que garantiza que las relaciones de consumo se realicen en entornos más igualitarios, accesibles, transparentes y de mayor seguridad. De la misma forma, establece un mandato a las administraciones públicas para, en la medida de lo posible, orientar las políticas de consumo hacia estos colectivos más vulnerables.
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