Plataforma para el impulso de la accesibilidad universal

Todavía puedes participar en la encuesta sobre el II Plan Nacional de Accesibilidad

La consulta estará abierta hasta el día 27 de mayo. La participación ciudadana, clave para conocer las necesidades en accesibilidad.

Como parte de la elaboración del II Plan Nacional de Accesibilidad, la Dirección General de Derechos de las Personas con discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 lanzó una encuesta en línea para contar con la opinión de la ciudadanía.

Esta microencuesta está dirigida a la población general, ya que la accesibilidad universal es un principio que, además de ser un factor fundamental para la inclusión social y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, mejora la calidad de vida de todas las personas, siendo una cuestión que afecta al conjunto de la población.

El objetivo de la consulta es conocer la situación de la accesibilidad universal en distintos entornos: la edificación, los espacios públicos, el transporte, el empleo, entre otros.

La encuesta está dirigida a la ciudadanía en general, y en particular a los grupos de interés en los que tiene mayor incidencia el II Plan Nacional de Accesibilidad:

  • Personas con discapacidad.
  • Familia o entorno social de las personas con discapacidad.
  • Personas mayores.

La encuesta estará abierta hasta el día 27 de mayo de 2022. Es anónima y cuenta con diferentes versiones, agradecemos la difusión:

El Gobierno no financiará ningún proyecto de Inteligencia Artificial que no sea accesible para personas con discapacidad

"" El Gobierno no desarrollará ningún proyecto de Inteligencia Artificial que no sea accesible para las personas con discapacidad “desde el día uno”, según aseguró la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, en una entrevista con Servimedia. “En todos los proyectos de Inteligencia Artificial, uno de los puntos más importantes de valoración es que el proyecto sea accesible”, afirmó la secretaria de Estado, que agregó que no van a «desarrollar ningún proyecto que no sea accesible desde el día uno”. “Es una máxima que nos hemos autoimpuesto en la administración digital”, prosiguió Artigas, que advirtió de que “no puede ser lanzar una web y que al cabo de un mes digas ‘anda, la tengo que hacer accesible’ y tardes dos meses más en poderla preparar”. Asimismo, la secretaria de Estado indicó que hay “previstas convocatorias de ayuda en digitalización del Tercer Sector” y en su departamento “tenemos una colaboración habitual en el ámbito de la Fundación ONCE en estos temas en todos los proyectos que estamos desarrollando”. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Artigas aseguró que su «misión en todo el Plan de Recuperación es conseguir que nadie se quede atrás, pero también aprovechar la gran oportunidad de los fondos de recuperación, no solamente para hacer las transformaciones a largo plazo que necesitamos para cambiar el modelo productivo, sino aprovechar esta gran oportunidad para cerrar las brechas que aún persisten en nuestra sociedad a nivel de brechas territoriales, socioeconómicas, de género y también digitales y de colectivos vulnerables”. “Cada vez tengo más claro que la tecnología está reduciendo esas brechas de acceso, esa accesibilidad en la tecnología que es tremendamente importante para permitir la accesibilidad de todos los colectivos a todos los servicios”, afirmó, para añadir que “cada vez la discapacidad es un término más efímero porque todos somos discapacitados en algún momento de nuestra vida, cuando somos jóvenes y cuando seremos mayores”. Más información: SERVIMEDIA

Microencuesta de opinión sobre las principales necesidades en materia de Accesibilidad que existen actualmente en España

Con el objeto de contar con la opinión ciudadana y elaborar el II Plan Nacional de Accesibilidad en el marco de una metodología participativa, la Dirección General de Derechos de las Personas con discapacidad, en colaboración con la Fundación ONCE, va a realizar una microencuesta dirigida a la población general, ya que la accesibilidad universal es un principio que, además de ser un factor fundamental para la inclusión social y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, mejora la calidad de vida de todas las personas, siendo una cuestión que afecta al conjunto de la población. Esta encuesta, no pretende generar una base de datos de la que se puedan obtener resultados significativos a nivel estadístico, si no que por su voluntad de extenderse a una muestra aleatoria y de carácter público, pretende realizar una aproximación a la opinión ciudadana, además de conseguir otros objetivos que se detallarán a continuación.
  • Dar la oportunidad a la ciudadanía de participar en la elaboración del II Plan Nacional de Accesibilidad
  • Ser una herramienta de difusión del trabajo de redacción del II Plan Nacional de Accesibilidad, facilitando un espacio participativo y de consulta pública
  • Realizar una aproximación a las necesidades y demandas de la ciudadanía en materia de accesibilidadLa encuesta está dirigida a la ciudadanía en general, y en particular a los diferentes grupos de interés en los que tiene incidencia el II Plan Nacional de Accesibilidad:
        • Personas con discapacidad
        • Personas mayores
        • Personas sin discapacidad
        • Familia o entorno social de las personas con discapacidad
    La encuesta estará disponible hasta el viernes 27 de mayo de 2022. Agradecemos la difusión. Para poder cumplimentarla puede acceder a los siguientes enlaces: • versión estándarversión Lectura Fácilversión incluyendo LSE

Consumo garantizará la accesibilidad en etiquetados para personas con discapacidad visual

"" El etiquetado inclusivo es una de las novedades introducidas en la Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica y una de las mejoras que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha calificado de «éxito» tras su reunión con representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Garzón ha recordado que cualquier persona «puede ser en cualquier momento, si no lo es ya, un consumidor o consumidora vulnerable» y que, por tanto, se trata de una ley «muy positiva para el conjunto de la sociedad», ya que amplía sus derechos. Otra de las novedades incorporadas en el trámite parlamentario es que se favorecerá la inclusión financiera de las personas de mayor edad. Así pues, el Gobierno promoverá, en el plazo de tres meses, las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a las personas vulnerables que lo demanden, sin discriminación alguna por razón de la conocida como brecha digital. Adicionalmente, y en coordinación con el Banco de España y representantes del sector de entidades de crédito, el Ejecutivo adoptará medidas para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables y, especialmente, de las de edad avanzada. Con ello, se busca que el cierre de oficinas bancarias no lleve emparejado el cierre de sus cajeros automáticos externos y que las entidades incrementen su personal para poder ayudar a realizar distintas operaciones a las personas con menores capacidades digitales. Con este nuevo texto, el Ministerio de Consumo consolida la figura de la persona consumidora vulnerable, un marco legal que permite corregir situaciones de indefensión, protegiendo a colectivos vulnerables (menores, personas con distintos tipos de discapacidad, de avanzada edad o escaso nivel de digitalización, entre otros). Son ejemplos de grupos sociales particularmente expuestos a abusos, fraudes, estafas y engaños por técnicas de comercialización o de información y por las que el Gobierno desarrolla medidas especiales de apoyo o asistencia para garantizar que toma las decisiones de consumo acordes con sus intereses. El concepto de persona consumidora vulnerable en sus relaciones de consumo recoge todas aquellas situaciones en las que hay una desventaja, desprotección, indefensión o subordinación frente a empresas, aunque sea de forma temporal, territorial o sectorial, debido a sus características, necesidades o circunstancias personales. El Gobierno crea, por tanto, un paraguas jurídico que garantiza que las relaciones de consumo se realicen en entornos más igualitarios, accesibles, transparentes y de mayor seguridad. De la misma forma, establece un mandato a las administraciones públicas para, en la medida de lo posible, orientar las políticas de consumo hacia estos colectivos más vulnerables. Fuente: LA MONCLOA