Plataforma para el impulso de la accesibilidad universal

Fundación ONCE presenta una guía para ayudar a los notarios a hacer más accesible sus trámites y oficinas

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Fundación ONCE ha presentado una guía para ayudar a los notarios a hacer más accesibles sus servicios y oficinas y lograr así que sus espacios y servicios sean más cercanos y amigables, tanto para el público con discapacidad que los utiliza como para las personas que trabajan en ellos y tienen también alguna discapacidad. Así, el texto recomienda, por ejemplo, que dispongan de documentos en macro caracteres, braille y en lectura fácil.

Titulado «¿Cómo gestionar la accesibilidad? Despachos notariales», el documento cuenta con la colaboración de Fundación Aequitas y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que entienden que las notarías prestan servicios importantes y necesarios para la población y que, además, todos los ciudadanos son susceptibles de precisar, en un momento u otro de su vida, mejoras de accesibilidad para llegar hasta ellos.

La guía se presentó ayer en un acto que contó con la participación de José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN), y Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE. Los dos coincidieron en señalar la importancia de que servicios tan necesarios para la ciudadanía como los prestados por los notarios sean más accesibles y cercanos para todos. Al evento asistió también José Luis Borau, jefe del Departamento de Accesibilidad al Medio Físico de Fundación ONCE.

A este respecto, el documento señala que «la accesibilidad es imprescindible para el 10% de la población, necesaria para el 40% y cómoda para el 100%. Se trata, por tanto, de que todas las personas puedan acceder, transitar, utilizar e informarse adecuadamente, en las máximas condiciones de seguridad y autonomía, en las notarías».

Y para conseguirlo, el documento pretende arrojar luz sobre cuáles deberían ser las adaptaciones y los ajustes básicos requeridos tanto en los espacios notariales como en los servicios que se prestan desde ellos al público para garantizar la posibilidad de su uso a todas las personas, «teniendo en cuenta su doble condición de centros de trabajo y de centros de prestación-recepción de un amplio abanico de servicios jurídicos».

En concreto, habla de implementar medidas de accesibilidad a las notarías y en los procesos de información y comunicación que se ofrece desde ellas. De esta forma, señala que espacios tales como el acceso a la notaría, aseos o ascensores deben cumplir criterios de diseño en materia de accesibilidad universal.

En cuanto a la mejora de la accesibilidad en la comunicación de los servicios notariales, la guía aconseja disponer de documentos con caracteres ampliados, en braille y en lectura fácil para mejorar su acceso y comprensión por parte de clientes con discapacidad visual y discapacidad intelectual. Igualmente, recomienda el uso de videointerpretación para personas sordas.

Finalmente, ofrece un apartado en el que describe ejemplos de buenas y malas prácticas en la gestión de la accesibilidad de lugares como mostradores, salas de espera, pasillos o aseos y un último epígrafe dedicado a normativa.

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Fuente: Discapnet

El Gobierno inicia la trasposición de la Ley Europea de Accesibilidad

"" El Gobierno inició el pasado martes los trámites para adaptar a la legislación española la directiva europea que fija los requisitos de accesibilidad para determinados bienes y servicios, conocida popularmente como Ley Europea de Accesibilidad. Este es el objetivo del Anteproyecto de Ley en materia de requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios aprobado hoy en primera lectura por el consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Dicho texto busca trasponer al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que se establecen los requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Entre otros aspectos, la normativa europea fijó las exigencias mínimas de accesibilidad comunes a toda la UE para teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores; máquinas expendedoras de billetes de transporte adaptadas; televisiones y programas de televisión; bancos y cajeros automáticos; e-books; páginas web de compras en línea, y aplicaciones para móviles. Su propósito fue facilitar el acceso y participación de las personas con discapacidad en estos ámbitos, y señaló 2022 como año límite en para que los Estados miembro la adaptasen a sus legislaciones nacionales. Según el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, esta directiva establece “un nuevo marco de protección a las personas con discapacidad como clientas, consumidoras y usuarias”, y refuerza su derecho a acceder a los bienes y servicios disponibles en el mercado interior europeo.

NOVEDADES

Aunque el anteproyecto de ley “sigue la misma estructura de la directiva”, se han introducido algunas novedades para adaptarlo a la legislación existente, como es “la creación de una nueva oficina técnica que ejerza como mecanismo de coordinación y comunicación y permita a las autoridades designadas colaborar estrechamente”, indican desde la Dirección General. Además, serán las comunidades y las ciudades autónomas quienes designen a las autoridades responsables de la vigilancia de los criterios de accesibilidad aplicable a los productos y servicios contemplados en la directiva. A diferencia de otros Estados miembro, España cuenta con una legislación amplia sobre accesibilidad y ya cumple con lo establecido en la directiva (algunos requisitos de accesibilidad de ciertos productos y servicios son incluso superiores). Esta transposición es, pues, una revisión técnica de esos requisitos de accesibilidad para establecer una regulación homogénea y asegurar su uso no sólo en España, sino en toda la Unión Europea.

FACILITAR LA COMPETENCIA

Las disparidades existentes entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en accesibilidad de productos y servicios para personas con discapacidad obstaculizan la libre circulación de productos y servicios, distorsionan la competencia efectiva en el mercado interior y afectan negativamente a la competitividad y al crecimiento, debido a los costes adicionales derivados del desarrollo y la comercialización de productos y servicios accesibles para cada mercado nacional. Debido a estas diferencias, profesionales, pymes y microempresas son especialmente reacias a aventurarse en nuevos proyectos empresariales fuera de los mercados de sus países, por lo que se hace necesario establecer una regulación homogénea para aproximar, en el menor plazo posible, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en lo relativo a los requisitos de accesibilidad. Fuente: SERVIMEDIA

Consumo garantizará la accesibilidad en etiquetados para personas con discapacidad visual

"" El etiquetado inclusivo es una de las novedades introducidas en la Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica y una de las mejoras que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha calificado de «éxito» tras su reunión con representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Garzón ha recordado que cualquier persona «puede ser en cualquier momento, si no lo es ya, un consumidor o consumidora vulnerable» y que, por tanto, se trata de una ley «muy positiva para el conjunto de la sociedad», ya que amplía sus derechos. Otra de las novedades incorporadas en el trámite parlamentario es que se favorecerá la inclusión financiera de las personas de mayor edad. Así pues, el Gobierno promoverá, en el plazo de tres meses, las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a las personas vulnerables que lo demanden, sin discriminación alguna por razón de la conocida como brecha digital. Adicionalmente, y en coordinación con el Banco de España y representantes del sector de entidades de crédito, el Ejecutivo adoptará medidas para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables y, especialmente, de las de edad avanzada. Con ello, se busca que el cierre de oficinas bancarias no lleve emparejado el cierre de sus cajeros automáticos externos y que las entidades incrementen su personal para poder ayudar a realizar distintas operaciones a las personas con menores capacidades digitales. Con este nuevo texto, el Ministerio de Consumo consolida la figura de la persona consumidora vulnerable, un marco legal que permite corregir situaciones de indefensión, protegiendo a colectivos vulnerables (menores, personas con distintos tipos de discapacidad, de avanzada edad o escaso nivel de digitalización, entre otros). Son ejemplos de grupos sociales particularmente expuestos a abusos, fraudes, estafas y engaños por técnicas de comercialización o de información y por las que el Gobierno desarrolla medidas especiales de apoyo o asistencia para garantizar que toma las decisiones de consumo acordes con sus intereses. El concepto de persona consumidora vulnerable en sus relaciones de consumo recoge todas aquellas situaciones en las que hay una desventaja, desprotección, indefensión o subordinación frente a empresas, aunque sea de forma temporal, territorial o sectorial, debido a sus características, necesidades o circunstancias personales. El Gobierno crea, por tanto, un paraguas jurídico que garantiza que las relaciones de consumo se realicen en entornos más igualitarios, accesibles, transparentes y de mayor seguridad. De la misma forma, establece un mandato a las administraciones públicas para, en la medida de lo posible, orientar las políticas de consumo hacia estos colectivos más vulnerables. Fuente: LA MONCLOA