La Ley General de la Comunicación Audiovisual se guiará bajo los principios de la accesibilidad universal para favorecer el acceso a la cultura de las personas con discapacidad.

El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley General de Comunicación Audiovisual, una norma que moderniza la vigente adaptando al ordenamiento jurídico español las directrices europeas y se fundamenta en el respeto a la dignidad humana, exigiendo una imagen respetuosa y realista de las personas con discapacidad y la eliminación de contenidos que atenten contra los derechos de las mujeres.

En esta nueva Ley, que será remitida al Senado para completar su tramitación parlamentaria, tanto el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) Se abrirá en una ventana nueva. , como el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE) Se abrirá en una ventana nueva. , asesores del Real Patronato, son considerados centros estatales de referencia en cuestiones de accesibilidad audiovisual para las personas con discapacidad.

El Real Patronato sobre Discapacidad, asesorado por el CESyA y por CNLSE, remitió la contribución conjunta durante el periodo de consulta pública de la Ley para asegurar el cumplimiento y fomento de los derechos de las personas con discapacidad en cuanto a su acceso al sector audiovisual.

El texto del Anteproyecto de Ley recoge en la Disposición adicional primera. Del acceso al cine para las personas con discapacidad que el CESyA “constituye el centro estatal técnico de referencia en materia de accesibilidad audiovisual para personas con discapacidad, en lo referente a la producción, distribución y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales”. Asimismo, el CNLSE “tiene la consideración de centro de referencia específico en materia de accesibilidad en la lengua de signos española”.

La nueva Ley establece una ampliación de los “contenidos accesibles para todos los ciudadanos, extendiendo la obligación a agentes que hasta ahora no estaban cubiertos: servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal de acceso condicional; servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición; y servicio de comunicación audiovisual sonoro a petición”, lo cual incluiría a las plataformas de vídeo bajo demanda, tales como Netflix, HBO, Movistar + o Disney +, entre otras.

Con respecto a las reclamaciones sobre la calidad de los servicios prestados de accesibilidad en las emisiones audiovisuales, la Ley contempla además que se creará un único punto de atención correspondiente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Fuente: REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado viernes la modificación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social que establece y regula la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación. Promovida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la nueva ley responde a la necesidad de dotar de ordenación normativa a la accesibilidad cognitiva, que se define como “la característica de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que permiten la fácil comprensión y la comunicación”. La modificación normativa define la accesibilidad cognitiva, dentro del marco general de accesibilidad universal; establecerá los ámbitos, condiciones y plazos en los que será exigible; creará el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva; incluirá esta nueva dimensión en el Plan Nacional de Accesibilidad y habilitará al Gobierno de España para abordar distintos desarrollos reglamentarios en la materia, entre otras cuestiones. Con esta nueva legislación, que ha contado con la unanimidad de las fuerzas políticas parlamentarias, España avanza en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con discapacidad en la línea marcada por el artículo 8 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 17 de marzo, con la inclusión de todas enmiendas incorporadas por el Senado, esta modificación normativa para garantizar la accesibilidad cognitiva. Promovida por el Cermi, inició su tramitación hace casi dos años en el Senado, impulsada por Ciudadanos. Tras su toma en consideración en la Cámara Alta en junio de 2020, la proposición pasó al Congreso de los Diputados, donde estuvo bloqueada varios meses hasta que finalmente salió adelante por consenso, tras incorporar varias enmiendas transaccionales promovidas por el PSOE y Unidas Podemos. De vuelta en el Senado, el informe elaborado por la ponencia incluyó varias enmiendas para recoger en el preámbulo una definición de accesibilidad cognitiva y de lo que se entiende por lectura fácil; la aprobación del segundo Plan Nacional de Accesibilidad, dirigido a que todas las administraciones “acometan de forma paulatina la transformación de sus productos y servicios» que garanticen que son 100% accesibles a todas las personas con discapacidad, y ciertas modificaciones referidas a las competencias autonómicas. Fuente: DISCAPNET