Observatorios en materia de accesibilidad
Las personas con movilidad reducida o discapacidad visual ven limitadas sus posibilidades de viajar libremente: el destino y las actividades que escojan deben estar adaptadas para su desplazamiento. Pero no todos lo están. Tampoco las rutas accesibles lo son para todos. Los criterios de accesibilidad de cada ruta o punto turístico natural son fundamentales para que las personas con movilidad reducida o discapacidad visual puedan determinar si son accesibles en su caso concreto.
“Las personas con discapacidad física o movilidad reducida se enfrentan a numerosas dificultades a la hora de hacer turismo. Y esto es debido, sobre todo, a la falta de cumplimiento de la cadena de accesibilidad”, explica el director técnico del Área de Accesibilidad Universal, Turismo y Cultura Inclusiva de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif), Miguel Carrasco.
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cofemfe) aduce que no existe una regulación a nivel estatal que determine los criterios para que una ruta sea considerada accesible, aunque advierte de que puede existir algún criterio en cada comunidad autónoma. No obstante, esta organización ha elaborado varios documentos con información de cómo debería ser.
Uno de esos documentos es la Guía técnica de Accesibilidad para la red de Caminos Naturales, que explica que para que una ruta o sendero natural sea calificada como accesible debe tenerse en cuenta la situación de sus pavimentos, cuentas drenantes, pasos inferiores y túneles, puentes y pasarelas peatonales, desniveles, escaleras y rampas. También debe contar con elementos de protección (como barandillas, pasamanos o vallados) que faciliten la circulación y áreas de descanso y equipamiento complementario (con bancos y apoyos isquiáticos, papeleras y contenedores de residuos y fuentes).
Antes de poder promocionar una ruta como accesible debe cumplir con todos los eslabones de la cadena de accesibilidad del turismo”, asegura Miguel Carrasco desde Predif. Esta cadena de accesibilidad comienza al inicio del viaje. “El tema del transporte puede ser un desafío si no se dispone de vehículos adaptados o información precisa de cómo llegar a estas rutas”, explica. También es fundamental que cuenten con información clara y sencilla de los criterios de accesibilidad que cumple esa ruta y las infraestructuras turísticas que incluye.
La señalización es clave. La Guía de Cocemfe ofrece consejos para, por ejemplo, escoger la ubicación, contenido, formato y mantenimiento de las diferentes señales que debe incluir una ruta para ser accesible (informativas, direcciones, preventivas y temáticas). “La señalización debe ser clara y accesible utilizando, por ejemplo, braille o pictogramas; para que todas las personas puedan disfrutar de la ruta”, explica Miguel Carrasco.
Fuente y más información: SERVIMEDIA
El 87% de los edificios de viviendas españoles necesitaría realizar actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas para mejorar su accesibilidad, lo que supondría un coste medio por hogar de 1.361€, de acuerdo con el cálculo realizado por la Fundación Mutua de Propietarios en el informe “Accesibilidad en el edificio: ¿gasto o inversión?”.
“Cuando en un edificio o vivienda residen personas con movilidad reducida, sea por motivo de discapacidad o edad avanzada, la accesibilidad cobra especial importancia, pero mientras no residen personas con necesidades especiales, la accesibilidad no recibe la importancia que merece y se percibe más como un gasto más que como una inversión”, explica Laura Lopez Demarbre, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Mutua de Propietarios.
Partiendo del coste medio de las actuaciones detectadas para hacer un edificio accesible, el informe constata que la factura de la accesibilidad se incrementa, especialmente, en aquellos edificios de menos plantas y menos vecinos, con 5.409€ y 4.457€ respectivamente; entre los hogares de edificios más antiguos (3.156€); en los que tienen viviendas de menor tamaño (2.416€) y en los hogares con menos ingresos (2.995€). “Muchas de las viviendas no accesibles son propiedad de personas con bajos recursos por lo que se evidencia la necesidad de que administración e instituciones contribuyan a hacer posible que se lleven a cabo actuaciones para la eliminación de barreas arquitectónicas”, explica López Demarbre.
Para realizar el informe, se realizó un presupuesto aproximado real a más de 2.400 hogares sobre las actuaciones de mejora de la accesibilidad que eran necesarias en su edificio e informando de la probabilidad de llevarlas a cabo.
El estudio de la Fundación Mutua de Propietarios desvela que 1 de cada 4 edificios tiene un escalón en el acceso al portal; el 56% tiene porteros automáticos no accesibles desde una silla de ruedas, al igual que 2 de cada 3 edificios tienen sus buzones elevados y, por tanto, también inalcanzables. Finalmente, aunque el 90% de los portales de acceso al edificio tienen el tamaño adecuado para pasar con silla de ruedas, el 48% pesa demasiado.
Sin embargo, el informe “Accesibilidad en el edificio: ¿gasto o inversión?” apunta a las barreras relacionadas con ascensor como las actuaciones con un mayor grado de urgencia. En concreto, un 17% de los edificios de viviendas comunitarios no dispone de ascensor y, de los que sí disponen, un 11% tiene un escalón que dificulta la accesibilidad hasta él. Por este motivo, el 49% de quienes no cuentan con ascensor, lo reclaman como una medida urgente, de la misma manera que un 51% considera esencial mejorar la accesibilidad del portal hasta el ascensor con una plataforma elevadora eléctrica o una rampa.
Por todos estos motivos, los españoles ponen una nota de 5,7 sobre 10 a la accesibilidad, una nota que baja cuando se le ponen a la persona ante la tesitura de valorar la accesibilidad para una persona con movilidad reducida.
El estudio de la Fundación Mutua de Propietarios detecta que, pese a que el 63% de los españoles está de acuerdo en que un edificio accesible revaloriza sus inmuebles, 6 de cada 10 ve poco o nada probable realizar las mejoras de accesibilidad que se necesitan en su edificio.
La falta de acuerdo entre vecinos (47%) y los motivos económicos (55%) son las principales razones expuestas. En este último aspecto, la barrera de los 2.000 euros por hogar es el punto de inflexión para considerar probable o no probable llevar a cabo las mejoras.
Los españoles están cada vez más concienciados con la necesidad de adaptar el edificio a sus futuras necesidades pero el factor económico sigue siendo una barrera que pone de manifiesto la necesidad de dar soporte e incentivar las inversiones en sostenibilidad”, concluye la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Mutua de Propietarios.
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