Observatorios en materia de accesibilidad

Plena Inclusión España y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) han lanzado una oferta formativa compuesta por cinco cursos especializados para el curso académico 2026-2027. La iniciativa está dirigida tanto a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo como a profesionales y estudiantes interesados en ámbitos como la accesibilidad cognitiva, el empleo, el acceso a la justicia y la vida en comunidad. Las inscripciones comenzarán en septiembre de 2026.

La programación incluye una formación para facilitadores procesales, profesionales encargados de apoyar a personas con discapacidad en procedimientos judiciales y policiales. Se trata del curso más orientado al ámbito jurídico, con una duración de 375 horas, 15 créditos ECTS y 70 plazas disponibles.

En materia de empleo y capacitación digital, la oferta incorpora el curso de Ofimática accesible y habilidades digitales para la vida laboral, destinado a mejorar las competencias tecnológicas y las oportunidades de inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual. La formación tendrá una duración de 75 horas, contará con 75 plazas y un coste de matrícula de 135 euros.

Otra de las propuestas es el curso sobre el rol del conector o conectora comunitaria en procesos de desinstitucionalización, centrado en la figura profesional que acompaña a las personas que desean desarrollar una vida más autónoma y conectada con su entorno social. La formación ofrece 60 plazas y 3 créditos ECTS.

La accesibilidad cognitiva también ocupa un lugar destacado en la programación con el curso “Accesibilidad cognitiva. Lectura Fácil y otros recursos”, que enseñará técnicas de adaptación de documentos y comunicación accesible. Es la formación más extensa de la oferta, con 400 horas lectivas, 16 créditos ECTS, 75 plazas y una matrícula de 560 euros.

Por último, Plena Inclusión y la UNED ofrecen un curso de ayudante de gestión y servicios comunes, dirigido a personas con discapacidad intelectual que quieran mejorar sus competencias profesionales. Se impartirá íntegramente en modalidad online, con 125 horas de formación, 5 créditos ECTS, plazas ilimitadas y un precio de 90 euros.

Con esta nueva convocatoria, ambas entidades refuerzan su apuesta por la formación especializada y la inclusión, promoviendo oportunidades de empleo, accesibilidad y participación social para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Consulta más información a cerca de inscripciones y plazos. (se abre en ventana nueva) Fuente: Plena inclusión (Se abre en ventana nueva)

La futura aplicación del euro digital ha sido diseñada para garantizar que todas las personas puedan realizar pagos digitales en igualdad de condiciones, independientemente de sus capacidades o nivel de competencia digital. Según el Banco Central Europeo (BCE), la solución incluirá funcionalidades de accesibilidad que superan los requisitos establecidos por la Ley Europea de Accesibilidad y el estándar EN 301 549.

Entre las medidas previstas destacan: Compatibilidad con lectores de pantalla. Navegación completa mediante teclado. Mejoras en el diseño visual y el contraste. Lenguaje simplificado para facilitar la comprensión. Sistemas de prevención de errores. Avisos de expiración de sesión. Opciones para reducir animaciones y movimientos que puedan dificultar el uso de la aplicación.

El diseño sigue los niveles más exigentes de las Directrices de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) aplicadas a aplicaciones de pago móvil, contemplando aspectos relacionados con la percepción, la operabilidad y la accesibilidad cognitiva. La propuesta se ha desarrollado en colaboración con organizaciones de consumidores, especialistas en accesibilidad y bancos centrales nacionales. Además, durante el piloto previsto para 2027 se realizarán pruebas de usabilidad y accesibilidad con personas con discapacidad vinculadas a Fundación ONCE, así como con personal del BCE y de 19 bancos centrales nacionales.

El BCE destaca que, al igual que el efectivo, el euro digital debe ser un bien público accesible para toda la ciudadanía, ofreciendo diferentes canales de acceso para que cada persona pueda utilizar el que mejor se adapte a sus necesidades.

Fuente: Discapnet (Se abre en ventana nueva)

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha trasladado a la Oficina Europea de Inteligencia Artificial sus propuestas para la futura aplicación del Reglamento Europeo de IA, en el marco de una consulta pública sobre los criterios que permitirán identificar los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Entre sus principales demandas destaca que las tecnologías de apoyo utilizadas por las personas con discapacidad no queden excluidas de las garantías y obligaciones previstas por la normativa europea.

La organización argumenta que muchas herramientas basadas en IA pueden afectar directamente a la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas, por lo que considera imprescindible que la evaluación y clasificación de estos sistemas tenga en cuenta el impacto específico que pueden generar sobre las personas con discapacidad. Para respaldar su posición, el Cermi señala que sus aportaciones se apoyan tanto en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como en el informe DiscapacIA elaborado por la propia entidad.

Entre los aspectos más relevantes, el Cermi reclama que la accesibilidad sea reconocida como un elemento esencial para el ejercicio de derechos y no como una característica secundaria de los sistemas tecnológicos. Asimismo, pide que las futuras directrices contemplen los riesgos que la inteligencia artificial puede generar en ámbitos especialmente sensibles como la educación, el empleo, los servicios sociales, las prestaciones públicas, las comunicaciones de emergencia, la actuación policial, los procesos migratorios y la administración de justicia.

Además, la entidad insiste en la necesidad de incorporar una perspectiva interseccional en la regulación y supervisión de la IA, prestando una atención específica a la situación de las mujeres y niñas con discapacidad, al considerar que pueden enfrentarse a formas adicionales de discriminación o exclusión derivadas del uso de estas tecnologías.

En términos prácticos, el mensaje de fondo del Cermi es que el despliegue de la inteligencia artificial en Europa debe garantizar la inclusión, la accesibilidad y la protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente cuando se trate de sistemas cuyo funcionamiento pueda condicionar decisiones o servicios esenciales para su vida diaria.

Fuente: SERVIMEDIA (Se abre en ventana nueva)