Observatorios en materia de accesibilidad

El Mutua Madrid Open ha reforzado su apuesta por la inclusión con nuevas medidas de accesibilidad dirigidas a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras discapacidades, en una iniciativa apoyada por el Ayuntamiento de Madrid.

Entre las medidas destacan mapas y recorridos con pictogramas, auriculares de cancelación de ruido, un espacio de calma y una guía previa en lectura fácil.

El personal del evento recibirá formación especializada y se incorporará a validadores de Yuna, favoreciendo la inclusión laboral de personas con autismo.

Las adaptaciones también se extenderán a zonas internas, como áreas de jugadores y prensa, para asegurar un entorno inclusivo en toda la operativa del torneo.

Fuente: Confirmado.net

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 presentará en abril ante el Consejo de Ministros el nuevo reglamento de accesibilidad cognitiva, una norma destinada a concretar cómo deben aplicarse estas medidas en ámbitos como la justicia, la salud, la educación o el transporte.

El anuncio se produjo durante la presentación de la campaña “Inclínate por lo fácil” en la Fiscalía General del Estado, una iniciativa orientada a promover la comprensión de entornos y documentos en el sistema judicial, especialmente para personas con dificultades lectoescritoras.

Paralelamente, el departamento está terminando el primer modelo de consentimiento informado accesible, que permitirá a personas hospitalizadas o residentes en centros entender los procedimientos a los que serán sometidas y poder autorizarlos adecuadamente. El Ministerio también refuerza la formación en accesibilidad cognitiva en las unidades de violencia contra las mujeres.

Desde el Gobierno se subraya que la incorporación de la accesibilidad cognitiva a la ley constituye un avance relevante en términos de calidad democrática, al establecer obligaciones claras para las administraciones públicas y garantizar el derecho a comprender los entornos. Esta normativa, apuntan, contribuye además a superar antiguos marcos jurídicos que restringían la participación de personas con discapacidad y limitaban su reconocimiento pleno como ciudadanos.

El Ejecutivo destaca asimismo el carácter pionero de la Constitución española, que incluye referencias explícitas a la accesibilidad y a la protección reforzada de las mujeres con discapacidad. Con este mandato como base, el Ministerio ha propuesto una reforma profunda de las leyes de discapacidad y dependencia, de modo que la accesibilidad deje de ser un principio orientativo y pase a ser un derecho exigible ante los tribunales.

Aunque España cuenta con un marco legal avanzado en esta materia, el Gobierno prevé dar un paso más mediante la creación de un fondo estatal destinado a financiar intervenciones de accesibilidad en los servicios públicos, con el objetivo de asegurar su implantación efectiva en todo el territorio.

Fuente: Servimedia

El pasado 27 de febrero entró en vigor el Real Decreto 143/2026 por el que se crea y regula la Unidad Técnica de Apoyo y Coordinación encargada de asistir a las autoridades de vigilancia en materia de accesibilidad en España.

Este nuevo organismo dependerá de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y actuará como soporte técnico para garantizar el cumplimiento de la Ley 11/2023 sobre requisitos de accesibilidad en productos y servicios que transpone en España la Directiva 2019/882 también conocida como la Ley Europea de Accesibilidad.

El principal objetivo del Real Decreto es dotar a las autoridades competentes de una estructura de apoyo técnico que permita mejorar la vigilancia y el cumplimiento de las obligaciones de accesibilidad por parte de fabricantes, distribuidores y proveedores de servicios.

La Unidad Técnica se encargará de coordinar las actividades de supervisión del mercado, contribuyendo a garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la participación plena de todas las personas, especialmente de aquellas con discapacidad.

La creación de este órgano responde al proceso de transposición de diversas directivas europeas que buscan armonizar los criterios de accesibilidad en el mercado interior.

Se integra, además, en el despliegue nacional de las obligaciones aplicables a productos y servicios accesibles, desde dispositivos tecnológicos hasta servicios digitales, transporte o atención al cliente.

El decreto incorpora asimismo una modificación del Reglamento de Espectáculos Taurinos para prohibir aquellos espectáculos cómico taurinos que puedan suponer mofa o denigración de personas, especialmente de minorías sociales como las personas con discapacidad. Las autoridades competentes no podrán autorizar eventos que vulneren este principio de respeto a la dignidad humana.

Fuente: Servimedia