El Pleno del Senado aprobó el proyecto de Ley de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales, que además modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.
A su paso por el Congreso, la norma incorporó importantes cambios sugeridos por el Cermi, de los que se hicieron eco distintos grupos parlamentarios mediante enmiendas. Entre dichas mejoras destaca la prohibición legal de celebrar espectáculos públicos -como los taurinos- , que supongan vejación para personas con discapacidad, a propuesta de ERC.
Otras enmiendas aprobadas en la Cámara Baja tenían que ver con la regulación legal y derechos de los Centros Estatales sobre Trastornos del Espectro del Autismo y de Documentación e Investigación sobre Discapacidad, impulsadas por el Grupo Parlamentario Popular la adaptación a lectura fácil y transcripción en braille de las informaciones referidas a la seguridad en el uso de bienes y productos, el mandato al Gobierno para actualizar la normativa reglamentaria del Real Patronato sobre Discapacidad, o la ampliación a intervenciones de accesibilidad universal del Fondo Reina Letizia para la Inclusión Educativa.
En su intervención, Fernández destacó que esta es una ley “compleja y muy diversa, que va a facilitar la vida de las personas con discapacidad”. Contribuirá a agilizar muchos trámites y a derribar barreras, prosiguió, así como a “implantar medidas que promueven la accesibilidad universal”.
Avances técnicos
En el apartado de accesibilidad se aceptaron cinco enmiendas, destacan los mayores requisitos de accesibilidad para la interfaz de usuario y las funcionalidades de las terminales de autoservicios, a las que se exige disponer de canal de audio como complemento a la información que aparece en pantalla, permitir el uso de auriculares, ofrecer tecnologías adecuadas para las personas con implante coclear o audífonos si la información se transmite mediante sonido, avisar si el tiempo de respuesta es limitado, y contar con botones marcados en Braille o relieve, con un contraste y color adecuados.
También se aprobaron precisiones respecto a la accesibilidad de los libros digitales (para que combinen audio y texto) y de algunos servicios específicos, se amplió la exigencia de accesibilidad para personas con sordera del servicio de Emergencias 112 europeo a las comunicaciones en itinerancia que se producen dentro del territorio español, y se decretó que todos los sitios web recogidos en el título I del proyecto de ley deben cumplir, como mínimo, un nivel medio dentro de los estándares de accesibilidad al contenido recogidos en la normativa nacional.
Fuente: DISCAPNET
Continuamos con el análisis de la Orden Ministerial TMA/851/2021. Ya vimos en la
El Gobierno inició el pasado martes los trámites para adaptar a la legislación española la directiva europea que fija los requisitos de accesibilidad para determinados bienes y servicios, conocida popularmente como Ley Europea de Accesibilidad.
Este es el objetivo del Anteproyecto de Ley en materia de requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios aprobado hoy en primera lectura por el consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Dicho texto busca trasponer al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que se establecen los requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Entre otros aspectos, la normativa europea fijó las exigencias mínimas de accesibilidad comunes a toda la UE para teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores; máquinas expendedoras de billetes de transporte adaptadas; televisiones y programas de televisión; bancos y cajeros automáticos; e-books; páginas web de compras en línea, y aplicaciones para móviles.
Su propósito fue facilitar el acceso y participación de las personas con discapacidad en estos ámbitos, y señaló 2022 como año límite en para que los Estados miembro la adaptasen a sus legislaciones nacionales.
Según el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, esta directiva establece “un nuevo marco de protección a las personas con discapacidad como clientas, consumidoras y usuarias”, y refuerza su derecho a acceder a los bienes y servicios disponibles en el mercado interior europeo.