El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 presentará en abril ante el Consejo de Ministros el nuevo reglamento de accesibilidad cognitiva, una norma destinada a concretar cómo deben aplicarse estas medidas en ámbitos como la justicia, la salud, la educación o el transporte.

El anuncio se produjo durante la presentación de la campaña “Inclínate por lo fácil” en la Fiscalía General del Estado, una iniciativa orientada a promover la comprensión de entornos y documentos en el sistema judicial, especialmente para personas con dificultades lectoescritoras.

Paralelamente, el departamento está terminando el primer modelo de consentimiento informado accesible, que permitirá a personas hospitalizadas o residentes en centros entender los procedimientos a los que serán sometidas y poder autorizarlos adecuadamente. El Ministerio también refuerza la formación en accesibilidad cognitiva en las unidades de violencia contra las mujeres.

Desde el Gobierno se subraya que la incorporación de la accesibilidad cognitiva a la ley constituye un avance relevante en términos de calidad democrática, al establecer obligaciones claras para las administraciones públicas y garantizar el derecho a comprender los entornos. Esta normativa, apuntan, contribuye además a superar antiguos marcos jurídicos que restringían la participación de personas con discapacidad y limitaban su reconocimiento pleno como ciudadanos.

El Ejecutivo destaca asimismo el carácter pionero de la Constitución española, que incluye referencias explícitas a la accesibilidad y a la protección reforzada de las mujeres con discapacidad. Con este mandato como base, el Ministerio ha propuesto una reforma profunda de las leyes de discapacidad y dependencia, de modo que la accesibilidad deje de ser un principio orientativo y pase a ser un derecho exigible ante los tribunales.

Aunque España cuenta con un marco legal avanzado en esta materia, el Gobierno prevé dar un paso más mediante la creación de un fondo estatal destinado a financiar intervenciones de accesibilidad en los servicios públicos, con el objetivo de asegurar su implantación efectiva en todo el territorio.

Fuente: Servimedia

El pasado 27 de febrero entró en vigor el Real Decreto 143/2026 por el que se crea y regula la Unidad Técnica de Apoyo y Coordinación encargada de asistir a las autoridades de vigilancia en materia de accesibilidad en España.

Este nuevo organismo dependerá de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y actuará como soporte técnico para garantizar el cumplimiento de la Ley 11/2023 sobre requisitos de accesibilidad en productos y servicios que transpone en España la Directiva 2019/882 también conocida como la Ley Europea de Accesibilidad.

El principal objetivo del Real Decreto es dotar a las autoridades competentes de una estructura de apoyo técnico que permita mejorar la vigilancia y el cumplimiento de las obligaciones de accesibilidad por parte de fabricantes, distribuidores y proveedores de servicios.

La Unidad Técnica se encargará de coordinar las actividades de supervisión del mercado, contribuyendo a garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la participación plena de todas las personas, especialmente de aquellas con discapacidad.

La creación de este órgano responde al proceso de transposición de diversas directivas europeas que buscan armonizar los criterios de accesibilidad en el mercado interior.

Se integra, además, en el despliegue nacional de las obligaciones aplicables a productos y servicios accesibles, desde dispositivos tecnológicos hasta servicios digitales, transporte o atención al cliente.

El decreto incorpora asimismo una modificación del Reglamento de Espectáculos Taurinos para prohibir aquellos espectáculos cómico taurinos que puedan suponer mofa o denigración de personas, especialmente de minorías sociales como las personas con discapacidad. Las autoridades competentes no podrán autorizar eventos que vulneren este principio de respeto a la dignidad humana.

Fuente: Servimedia

La Orden PJC/804/2025, publicada el pasado 25 de julio de 2026 en el Boletín Oficial del Estado, introduce un marco actualizado y garantista para las adaptaciones de tiempos, medios y otros ajustes razonables destinados a personas con discapacidad que participen en procesos selectivos de la Administración General del Estado. La norma supone una modernización de los criterios vigentes desde 2006 para garantizar la igualdad efectiva durante las pruebas.

Los aspirantes con discapacidad podrán solicitar tiempo adicional en los ejercicios, tanto escritos como orales, cuando su discapacidad tenga relación directa con las tareas exigidas en la prueba.

Para ello, el Ministerio ha incorporado un baremo oficial que orienta a los tribunales sobre cuántos minutos o ampliaciones corresponden según el tipo y grado de discapacidad. El objetivo es que la concesión deje de ser arbitraria y pueda evaluarse de manera homogénea en todo el Estado.

La norma detalla un abanico amplio de medios de apoyo que la Administración deberá proporcionar cuando resulte necesario:

• Productos de apoyo, tecnologías de asistencia y ayudas técnicas.
• Accesibilidad garantizada en la información y comunicación del proceso.
• Adecuación del recinto físico, así como de los canales virtuales utilizados.
• Dotación de medios materiales y humanos, incluyendo asistentes personales y personal especializado en accesibilidad comunicativa para personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas.

Estas medidas buscan eliminar barreras y asegurar que la discapacidad no suponga una desventaja en la realización de las pruebas.

La orden también reconoce derechos específicos durante todo el proceso selectivo. Por ejemplo:

• Uso sin restricciones de prótesis, órtesis y productos de apoyo, incluyendo ayudas auditivas.
• Acceso con perros de asistencia, manteniéndolos junto a la persona durante toda la prueba, conforme al Real Decreto 409/2025.

Además de las adaptaciones típicas, la norma permite solicitar ajustes razonables específicos para situaciones que no queden cubiertas por las medidas generales.

Los tribunales deberán valorar estas peticiones caso por caso, apoyándose en informes técnicos del órgano que evalúa el grado de discapacidad (IMSERSO o comunidades autónomas).

Las convocatorias deberán informar de las posibilidades de adaptación. Las personas aspirantes deberán:

1. Solicitar la medida correspondiente.
2. Aportar un Dictamen Técnico Facultativo que acredite su necesidad, salvo en casos de acreditación formal alternativa. Los órganos de selección emitirán una resolución motivada tras estudiar la documentación y, si lo consideran necesario, recabar informes adicionales.

En un plazo de seis meses, la Secretaría de Estado de Función Pública publicará un Manual general orientativo que desarrollará las pautas, recomendaciones e indicadores para aplicar correctamente estas medidas en todos los procesos selectivos.

Texto de la orden ministerial Fuente: Ministerio para la transformación digital y de la función pública

«Inclínate por lo fácil» es una iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG), que tiene el objetivo de promover la accesibilidad cognitiva en el ámbito de la justicia. Esta acción de sensibilización pretende evitar situaciones de indefensión provocadas por una falta de comprensión en alguna de las fases del proceso judicial, para garantizar que todas las personas puedan ejercer en igualdad de condiciones su derecho de acceso a la justicia.

Una encuesta realizada por el CEACOG en 2023 mostraba que el 67,34 % de las personas consultadas consideraba que la justicia es difícil de entender a veces o siempre. Esas dificultades de comprensión se refieren a los procesos, los documentos o las decisiones judiciales.

Ante esa realidad, «Inclínate por lo fácil. Porque si es fácil, es justo» es una invitación a los distintos operadores jurídicos a implicarse, desde sus diferentes roles y funciones, en la promoción de la accesibilidad cognitiva, para conseguir que la justicia sea más fácil de entender para todas las personas.

La campaña se desplegará a través de contenidos y materiales audiovisuales en los canales digitales del CEACOG. También se pondrán a disposición de los operadores jurídicos diferentes materiales gráficos para su difusión en medios digitales y soportes físicos vinculados a estos ámbitos profesionales.

Todos los materiales están disponibles en la web del CEACOG: https://www.ceacog.es/que-hacemos/campana-inclinate-por-lo-facil.

El CEACOG es un centro asesor del Real Patronato sobre Discapacidad que está gestionado por Plena inclusión España.

El curso titulado Una introducción al transporte público accesible: normas y derechos en Europa aborda temas como la importancia de la movilidad, buenas prácticas de accesibilidad en el transporte, diseño inclusivo y otros. Estará disponible del 16 de marzo al 31 de octubre.

Los interesados obtendrán conocimientos sobre los principios del diseño inclusivo aplicados a los sistemas de transporte público, el papel fundamental que el transporte desempeña para muchos ciudadanos europeos, la importancia del entorno peatonal para facilitar el acceso y uso del transporte público, y qué se necesita para crear edificios de transporte accesibles y sin estrés.

También ofrece información sobre los últimos avances legislativos y normativos, garantizando que los participantes adquieran conocimientos actualizados y alineados con los estándares europeos de accesibilidad.

En concreto, este curso introductorio se compone de 9 módulos, que son los siguientes:

1. Por qué la movilidad importa
2. Trenes (ferrocarril pesado)
3. Metro ligero y tranvías
4. Autobús y autocar / autobuses de largo recorrido
5. Taxis
6. Transporte aéreo
7. Transporte marítimo
8. Entorno peatonal e infraestructuras de transporte
9. Tecnología

El curso ha sido diseñado siguiendo el formato MOOC y para que cada persona lo complete a su propio ritmo. El tiempo estimado de dedicación es de 25 horas. Se imparte únicamente en inglés.

Disponible de forma gratuita, esta formación forma parte de los esfuerzos continuos de AccessibleEU para reforzar la especialización, promover buenas prácticas y avanzar en la accesibilidad en los Estados miembros.

La inscripción ya está abierta a través del Campus Online de AccessibleEU.

Fuente: AccessibleEU

El Banco Central Europeo y Fundación ONCE han decidido aunar esfuerzos para asegurar que la futura aplicación del euro digital sea accesible y fácil de usar para todas las personas, en particular, aquellas con discapacidad, mayores o con menos experiencia digital.

Fundación ONCE brindará asesoramiento sobre requisitos de accesibilidad, participará en el diseño de la aplicación y pruebas con los primeros prototipos para verificar que las funcionalidades resulten realmente utilizables.

El BCE quiere que la accesibilidad forme parte del proyecto desde su origen, y no como un añadido posterior. Por ello adopta un enfoque de accesibilidad desde el diseño, con el que aspira a superar los mínimos legales establecidos por la Ley Europea de Accesibilidad y a situarse por encima de los estándares habituales del mercado.

La institución considera que la inclusión financiera digital es un elemento esencial del euro digital. Por ello, está incorporando la visión de la ciudadanía en el proceso.

Fuente: Fundación ONCE