El etiquetado inclusivo es una de las novedades introducidas en la Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica y una de las mejoras que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha calificado de «éxito» tras su reunión con representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Garzón ha recordado que cualquier persona «puede ser en cualquier momento, si no lo es ya, un consumidor o consumidora vulnerable» y que, por tanto, se trata de una ley «muy positiva para el conjunto de la sociedad», ya que amplía sus derechos.
Otra de las novedades incorporadas en el trámite parlamentario es que se favorecerá la inclusión financiera de las personas de mayor edad. Así pues, el Gobierno promoverá, en el plazo de tres meses, las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a las personas vulnerables que lo demanden, sin discriminación alguna por razón de la conocida como brecha digital.
Adicionalmente, y en coordinación con el Banco de España y representantes del sector de entidades de crédito, el Ejecutivo adoptará medidas para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables y, especialmente, de las de edad avanzada.
Con ello, se busca que el cierre de oficinas bancarias no lleve emparejado el cierre de sus cajeros automáticos externos y que las entidades incrementen su personal para poder ayudar a realizar distintas operaciones a las personas con menores capacidades digitales.
Con este nuevo texto, el Ministerio de Consumo consolida la figura de la persona consumidora vulnerable, un marco legal que permite corregir situaciones de indefensión, protegiendo a colectivos vulnerables (menores, personas con distintos tipos de discapacidad, de avanzada edad o escaso nivel de digitalización, entre otros).
Son ejemplos de grupos sociales particularmente expuestos a abusos, fraudes, estafas y engaños por técnicas de comercialización o de información y por las que el Gobierno desarrolla medidas especiales de apoyo o asistencia para garantizar que toma las decisiones de consumo acordes con sus intereses.
El concepto de persona consumidora vulnerable en sus relaciones de consumo recoge todas aquellas situaciones en las que hay una desventaja, desprotección, indefensión o subordinación frente a empresas, aunque sea de forma temporal, territorial o sectorial, debido a sus características, necesidades o circunstancias personales.
El Gobierno crea, por tanto, un paraguas jurídico que garantiza que las relaciones de consumo se realicen en entornos más igualitarios, accesibles, transparentes y de mayor seguridad. De la misma forma, establece un mandato a las administraciones públicas para, en la medida de lo posible, orientar las políticas de consumo hacia estos colectivos más vulnerables.
Fuente:
LA MONCLOA
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El Gobierno no desarrollará ningún proyecto de Inteligencia Artificial que no sea accesible para las personas con discapacidad “desde el día uno”, según aseguró la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, en una entrevista con Servimedia.
“En todos los proyectos de Inteligencia Artificial, uno de los puntos más importantes de valoración es que el proyecto sea accesible”, afirmó la secretaria de Estado, que agregó que no van a «desarrollar ningún proyecto que no sea accesible desde el día uno”.
“Es una máxima que nos hemos autoimpuesto en la administración digital”, prosiguió Artigas, que advirtió de que “no puede ser lanzar una web y que al cabo de un mes digas ‘anda, la tengo que hacer accesible’ y tardes dos meses más en poderla preparar”.
Asimismo, la secretaria de Estado indicó que hay “previstas convocatorias de ayuda en digitalización del Tercer Sector” y en su departamento “tenemos una colaboración habitual en el ámbito de la Fundación ONCE en estos temas en todos los proyectos que estamos desarrollando”.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Artigas aseguró que su «misión en todo el Plan de Recuperación es conseguir que nadie se quede atrás, pero también aprovechar la gran oportunidad de los fondos de recuperación, no solamente para hacer las transformaciones a largo plazo que necesitamos para cambiar el modelo productivo, sino aprovechar esta gran oportunidad para cerrar las brechas que aún persisten en nuestra sociedad a nivel de brechas territoriales, socioeconómicas, de género y también digitales y de colectivos vulnerables”.
“Cada vez tengo más claro que la tecnología está reduciendo esas brechas de acceso, esa accesibilidad en la tecnología que es tremendamente importante para permitir la accesibilidad de todos los colectivos a todos los servicios”, afirmó, para añadir que “cada vez la discapacidad es un término más efímero porque todos somos discapacitados en algún momento de nuestra vida, cuando somos jóvenes y cuando seremos mayores”.
Más información: SERVIMEDIA
Con el objeto de contar con la opinión ciudadana y elaborar el II Plan Nacional de Accesibilidad en el marco de una metodología participativa, la Dirección General de Derechos de las Personas con discapacidad, en colaboración con la Fundación ONCE, va a realizar una microencuesta dirigida a la población general, ya que la accesibilidad universal es un principio que, además de ser un factor fundamental para la inclusión social y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, mejora la calidad de vida de todas las personas, siendo una cuestión que afecta al conjunto de la población.
Esta encuesta, no pretende generar una base de datos de la que se puedan obtener resultados significativos a nivel estadístico, si no que por su voluntad de extenderse a una muestra aleatoria y de carácter público, pretende realizar una aproximación a la opinión ciudadana, además de conseguir otros objetivos que se detallarán a continuación.
Alrededor del 6% de las páginas webs de las administraciones cumplen de forma total las exigencias de la Directiva 2016/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de webs y las aplicaciones móviles de las administraciones públicas, que en España se recogió en el Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
Así se deduce del primer informe de seguimiento sobre el cumplimiento de la citada directiva para el período 2020-2021 elaborado por el Observatorio de Accesiblidad Web (OAW), dependiente de la secretaría general de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Según se especifica, los estándares de accesibilidad vigentes para España quedan fijados en la norma UNE-EN 301549:2019, que establece como requisitos de accesibilidad la calificación AA y A (en función de los criterios), pero no la AAA que implica la máxima exigencia.
En su estudio, el OAW ofrece los resultados de un seguimiento simplificado a 1.010 páginas webs realizado con una herramienta digital diseñada por sus especialistas que evalúa en qué grado se cumplen los principales criterios establecidos en la citada norma UNE y, en especial, aquellos que más determinan la accesibilidad final.
Asimismo, el informe recoge un seguimiento en profundidad de 65 webs, realizado de “forma manual” por los técnicos en el que sí se examinan todos los requisitos de la UNE-EN 301549:2019, y otro estudio también en profundidad de 18 aplicaciones para dispositivos móviles.
Según el seguimiento simplificado, solo el 5,54% de las webs de las administraciones públicas cumple al 100% con la directiva europea y con la legislación española, cifra que el informe en profundidad eleva a un 6,15%.
Por su parte, el análisis de los más de 1.000 sitios web revela que el 68,12% de ellos cumple de forma parcial los estándares de accesibilidad exigibles (más del 50%), y que un 26,34% no cumple ninguno.
En cambio, el informe en profundidad indica que el 81,54% de las 65 webs analizadas respeta parcialmente la normativa y que el 12,31% no lo hace nunca.
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