Fundación ONCE ha publicado la
segunda fase de su “Observatorio de Accesibilidad en Dispositivos de Telemonitorización de la Salud” en el que se ha analizado, mediante la evaluación de especialistas en tecnología y la experiencia de personas con discapacidad en su uso, la accesibilidad de dispositivos orientados a monitorizar parámetros de salud. Este estudio se ha llevado a cabo con la estrecha colaboración de ILUNION Accesibilidad.
En concreto, se ha analizado una muestra de nueve dispositivos personales para la toma de medidas biométricas centradas en enfermedades crónicas, como insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, EPOC o diabetes. Los dispositivos evaluados son los que se recogen en la siguiente tabla:
| Tipo de dispositivo |
Marca |
Modelo |
| Tensiómetro |
Omron |
M3 (HEM-7154-E) |
| Tensiómetro |
Vitalcontrol |
SBM 52 |
| Tensiómetro |
Beurer |
BM 49 |
| Pulsioxímetro |
Beurer |
PO 30 |
| Pulsioxímetro |
AUA |
50D |
| Glucómetro |
Contour |
NEXT ONE |
| Glucómetro |
Contour |
XT |
| Sistema de Monitorización de Glucosa |
FreeStyle |
Libre 2 |
| Sistema de Monitorización de Glucosa |
DEXCOM |
G6 |
El análisis técnico de accesibilidad se ha llevado a cabo mediante una metodología basada en la verificación del estándar europeo EN 301 549: Requisitos de accesibilidad en productos y servicios TIC. Además, para incluir la perspectiva de los usuarios, se ha contado con la participación de 14 personas con diferentes características: ceguera, baja visión, sordera, hipoacusia, discapacidad física, discapacidad cognitiva, personas mayores y personas sin discapacidad.
Entre los meses de mayo y agosto, el portal
Accessibilitas irá publicando artículos con el análisis detallado de cada dispositivo, aunque a continuación se aportan las principales conclusiones del estudio.
De forma general, los dispositivos analizados no ofrecen un modo con el que las personas con ceguera puedan recibir la información que se obtiene de forma visual y así hacer uso de los dispositivos y sus contenidos. No obstante, algunos de los productos de monitorización de la salud analizados, como son el Tensiómetro Vitalcontrol SBM 52 y Beurer BM 49, además del Glucómetro Contour NEXT ONE, ofrecen la mayor parte de su información de forma “pregrabada”, lo que permite, en estos ejemplos, que las personas ciegas puedan obtener acceso a la mayor parte de la información ofrecida. Además, en un alto grado de los casos, tampoco se ofrecen botones que sean fácilmente distinguibles mediante el tacto, lo que dificulta el manejo de los dispositivos, al no detectarse adecuadamente por personas ciegas los diferentes activadores físicos.
En el caso de las personas con baja visión, se detecta que las barreras que pueden producir un mal uso del color, como son: el contraste mínimo de los contenidos o el uso del color como único medio de trasmisión de información, no son limitantes para el uso de los dispositivos. No obstante, se observa que más del 50% de los dispositivos analizados ofrecen serias dificultades para la visualización de contenidos textuales a personas con baja visión, debido a los pequeños tamaños de los textos en pantalla. La excepción se obtiene en los Tensiómetros Omron M3, Vitalcontrol SBM 52 y Beurer BM 49, cuyos principales contenidos se representan con tamaños de textos notablemente adecuados.
Para las personas con discapacidad auditiva no se han observado grandes dificultades para hacer uso de los dispositivos analizados. Éstos, por lo general, ofrecen la posibilidad al usuario de poder personalizar el volumen en aquellos dispositivos que emitan contenidos audibles, además de otras alternativas, como notificaciones hápticas para la percepción de alarmas o avisos.
Para las personas con dificultades de movilidad, se han observado diversas barreras de gravedad, que impiden hacer uso de los dispositivos de manera autónoma. De forma general, los dispositivos y su funcionamiento requieren de agarres y gestos complicados como, por ejemplo, la operativa necesaria para el uso de los aplicadores y sensores de los glucómetros FreeStyle y DEXCOM, o destreza y fuerza para accionar diversos elementos de los mismos. Además, se requiere tener la capacidad de pinzamiento para operar con diferentes elementos, por ejemplo, con los brazaletes de los tensiómetros y su colocación adecuada de forma autónoma.
Referente a las capacidades cognitivas, teniendo en cuenta que el estudio se centra en dispositivos tecnológicos, se detectan algunos con más complejidad que otros. No obstante, se entiende que los usuarios van a pasar por un proceso de aprendizaje en el cual muchas de las posibles barreras que tienen que ver con la comprensión, van a solventarse. Es por ello que, salvada la lógica línea de aprendizaje de la adopción de un nuevo dispositivo, no destacan por ofrecer grandes barreras en cuanto a dificultades cognitivas.
El estudio ha detectado que, en algunos casos, para la monitorización de los datos ofrecidos, se hace uso de aplicativos externos al dispositivo que monitoriza. Esto es, con aplicaciones para dispositivos móviles. Así ocurre en los glucómetros continuos DEXCOM G6 y FreeStyle Libre 2, en los que, a pesar de la gran ventaja que supone ofrecer sus datos y poder almacenarlos en los dispositivos móviles, las aplicaciones móviles que ofrecen en las tiendas de iOS y Android, no están, de forma general, preparadas para su uso por personas con discapacidad.
Por último, se ha de destacar que este estudio se ha llevado a cabo con la colaboración de Ascensia y Novalab, que han cedido dispositivos para su análisis, FEDE, que ha dado difusión al cuestionario de captación de personas con diabetes para la participación en los test de usuario, y CNSE y Plena Inclusión Madrid, que han ayudado con la interlocución con personas con diabetes y discapacidad que se integran en estas entidades.
Continuamos con el análisis de la Orden Ministerial TMA/851/2021.
Ya vimos en la parte 1 y parte 2 de esta serie de artículos dedicados a la la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, que entró recientemente en vigor, y por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, por qué se ha realizado esta actualización y cuáles son las nuevas exigencias. Así como en la parte 3 cómo se ha desarrollado la misma.
Antes de todo, es importante destacar que está Orden tiene un fuerte carácter de norma básica estatal. Y aunque se puede decir que ha cumplido con los objetivos marcados, deja a un lado la consideración de la asistencia personal centrando el objeto en la autonomía personal, han quedado ámbitos sin tratar como la accesibilidad en las zonas rurales no consideradas urbanas y a su vez la armonización de algunas normas puede suponer una dificultad en la ejecución de los proyectos, como en lo referente a la iluminación que la orden VIV garantizaba 20 lux y hacía mención expresa a evitar deslumbramientos, mientras que su actualización deriva directamente al Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, bastante más complejo y centrado en la eficiencia energética sin hacer mención a una perspectiva accesible.
Algunos de los cambios más llamativos que encontramos en esta modificación normativa son las plazas de aparcamiento considerando un aumento del espacio de transferencia, por otro lado, se incluyen los sectores de ejercicio y en los juegos infantiles se contempla un abanico más amplio de discapacidad, y en los itinerarios accesibles se establece la anchura de paso no inferior a 1.80 m, sin excepción, eliminando el estrechamiento puntual de 1.50 m.
En el próximo artículo profundizaremos en el detalle de los cambios.
Con el fin de facilitar la aplicación y el entendimiento de esta nueva Orden, se desarrolló por parte de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la GUÍA DE ACCESIBILIDAD EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS V.1.0, como instrumento de utilidad para los técnicos, en la que se recogen aspectos que no se deben regular en una norma básica de carácter estatal pero si se pueden contemplar sin carácter normativo y se incluyen esquemas gráficos a modo de ejemplo, que no se han contenido en esta Orden y sí en la Orden anterior y que estaban siendo interpretados como si fueran normativos, cuando realmente son aclaratorios.
El Gobierno inició el pasado martes los trámites para adaptar a la legislación española la directiva europea que fija los requisitos de accesibilidad para determinados bienes y servicios, conocida popularmente como Ley Europea de Accesibilidad.
Este es el objetivo del Anteproyecto de Ley en materia de requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios aprobado hoy en primera lectura por el consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Dicho texto busca trasponer al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que se establecen los requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Entre otros aspectos, la normativa europea fijó las exigencias mínimas de accesibilidad comunes a toda la UE para teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores; máquinas expendedoras de billetes de transporte adaptadas; televisiones y programas de televisión; bancos y cajeros automáticos; e-books; páginas web de compras en línea, y aplicaciones para móviles.
Su propósito fue facilitar el acceso y participación de las personas con discapacidad en estos ámbitos, y señaló 2022 como año límite en para que los Estados miembro la adaptasen a sus legislaciones nacionales.
Según el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, esta directiva establece “un nuevo marco de protección a las personas con discapacidad como clientas, consumidoras y usuarias”, y refuerza su derecho a acceder a los bienes y servicios disponibles en el mercado interior europeo.
Con el objeto de contar con la opinión ciudadana y elaborar el II Plan Nacional de Accesibilidad en el marco de una metodología participativa, la Dirección General de Derechos de las Personas con discapacidad, en colaboración con la Fundación ONCE, va a realizar una microencuesta dirigida a la población general, ya que la accesibilidad universal es un principio que, además de ser un factor fundamental para la inclusión social y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, mejora la calidad de vida de todas las personas, siendo una cuestión que afecta al conjunto de la población.
Esta encuesta, no pretende generar una base de datos de la que se puedan obtener resultados significativos a nivel estadístico, si no que por su voluntad de extenderse a una muestra aleatoria y de carácter público, pretende realizar una aproximación a la opinión ciudadana, además de conseguir otros objetivos que se detallarán a continuación.