España es uno de los países más visitados del mundo, junto a Estados Unidos, China, Italia, Turquía y México, según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT)
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que nuestro país ha pasado de recibir 7,7 millones de turistas en marzo de 2001 a 16,1 millones en marzo de 2024. Es decir, prácticamente un incremento del 110%. Se trata, además, de una cifra que supera la registrada en 2019, antes de la pandemia. El turismo en España es claramente decisivo a la hora de contribuir a la solvencia de la economía española.
La accesibilidad es un aspecto crucial en la cadena de valor del turismo, ya que permite que todas las personas, independientemente de sus capacidades, disfrutar de las experiencias turísticas, contribuyendo así a un sector más inclusivo y competitivo. Además, la accesibilidad es un derecho reconocido en varios documentos jurídicos internacionales, europeos y nacionales.
La accesibilidad es un aspecto crucial en la cadena de valor del turismo, ya que permite que todas las personas, independientemente de sus capacidades, disfrutar de las experiencias turísticas, contribuyendo así a un sector más inclusivo y competitivo.
Además, la accesibilidad es un derecho reconocido en varios documentos jurídicos internacionales, europeos y nacionales.
Sin duda, unas cifras que hablan por sí solas de la importancia del turismo en la economía española. Sin embargo, estas cifras pueden ser aún mayores si se tiene en cuenta a con un sector de la población que tiene más difícil disfrutar del ocio y del turismo: las personas mayores de 65 años y las personas con discapacidad, que representan, según el INE, el 20,08 % y el 10% de la población española.
¿Sabías que el 73% de las personas con discapacidad que viajan por turismo lo hacen al menos dos veces al año? Según el Observatorio de Accesibilidad Universal del Turismo en España, de Fundación ONCE, el 75% de los turistas con necesidades especiales tiene discapacidad (36% física, 18% visual, 12% auditiva), un 19% presenta necesidades especiales o circunstancias temporales, y un 8% tiene 80 años o más.
Teniendo en cuenta que España tiene además una esperanza de vida muy elevada, no cabe duda de que cuál será uno de los mayores consumidores turísticos en el futuro. Según una encuesta de ObservaTUR, el turismo sénior o turismo silver alcanzará un público potencial de nueve millones de viajeros en 2027. Será el segundo segmento del sector que mejor evolucione en los próximos años, solo dos puntos por debajo del turismo experiencial.
De ahí la importancia de tener en cuenta la accesibilidad a la hora de crear destinos inteligentes que puedan ser disfrutables por todas las personas, independientemente de su edad o su discapacidad. El turismo accesible supone la creación de espacios diseñados universalmente. Va más allá de proporcionar a las personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales el acceso a un lugar concreto.
Fuente: ILUNION
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 publicó el miércoles 7 de agosto el proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo, para su sometimiento a audiencia pública durante las próximas semanas.
Según especifica el departamento que dirige Pablo Bustinduy en su página web, el plazo para la presentación de aportaciones comienza el miércoles 7 de agosto y permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre.
El borrador contiene un amplio anexo de bienes y productos a los que se debe aplicar esta norma, que establece la obligación de incluir etiquetado en Braille o en otros formatos accesibles para garantizar la protección de los consumidores con discapacidad.
De hecho, su objetivo declarado consiste en desarrollar la Ley 4/2022 de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que en su artículo 3 incluye a las personas con discapacidad en la definición de “consumidor vulnerable”.
Por dicho motivo, la disposición adicional primera de la misma ley insta al Gobierno a regular reglamentariamente un etiquetado en Alfabeto Braille –y en otros formatos- que “garantice la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables”.
El borrador de real decreto que hoy sale a audiencia pública busca dar cumplimiento a dicha disposición.
Los municipios españoles tienen hasta el 10 de septiembre para presentar candidaturas a la fase nacional de los Premios Ciudad Europea Accesible 2025.
La Comisión Europea ha abierto la fase nacional de los Premios Ciudad Europea Accesible 2025, dirigidos a premiar a las ciudades de la Unión Europea que destacan en políticas y estrategias de accesibilidad universal para las personas con discapacidad.
Desde 2010, la Comisión Europea organiza el Premio Ciudad Europea Accesible, en colaboración con el Foro Europeo de la Discapacidad. En España, la fase nacional de preselección de tres ciudades candidatas corre a cargo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
La accesibilidad mejora las condiciones y calidad de vida de toda la ciudadanía, pero es indispensable que más de 100 millones de ciudadanos de la Unión Europea con discapacidad tengan igual acceso a los derechos fundamentales y a todo lo que las ciudades tienen para ofrecer.
Una ciudad es accesible cuando las personas con discapacidad pueden, por ejemplo: obtener información (en línea y fuera de línea); utilizar el transporte (por ejemplo, autobuses, tranvías, metros) y su infraestructura relacionada; disfrutar de espacios públicos, como parques y áreas de juego; entrar y rodear edificios como el ayuntamiento, la biblioteca y el pabellón de deportes, y acceder a sus servicios, etc.
Las candidaturas deben presentarse completando y enviando una solicitud en línea antes de la fecha de cierre, 10 de septiembre.
Este año es particularmente importante porque marca el 15º aniversario del premio. En los últimos 14 años, se han premiado 70 ciudades, entre ellas 14 ganadoras del primer premio. La ciudad más reciente en recibir el prestigioso galardón fue San Cristóbal de La Laguna (España).
El ganador y los finalistas recibirán un premio monetario en las siguientes cuantías: 150.000 euros para el primero, 120.000 para el segundo, y 80.000 para el tercero.
Además, el jurado de la Unión Europea puede decidir otorgar hasta cinco menciones especiales si hay ciudades que hayan realizado un trabajo excepcional en un área clave particular de accesibilidad (por ejemplo, entorno construido y espacio público, transporte e infraestructura relacionada, información y comunicación), incluidas las TIC o las instalaciones y servicios públicos.
Este año, la Comisión Europea también tiene la intención de otorgar una mención especial por “Infraestructura deportiva accesible” a una ciudad que demuestre cómo incorpora la accesibilidad en su infraestructura deportiva.
El Premio Ciudad Accesible está abierto a todas las ciudades de la Unión Europea de más de 50.000 habitantes áreas urbanas compuestas por dos o más ciudades con una población combinada de más de 50.000 habitantes, si se encuentran en países de la Unión con menos de dos ciudades con más de 50.000 habitantes.
El proceso de selección se divide en dos fases: preselección a nivel nacional y selección final a nivel europeo. Los jurados nacionales de cada país preseleccionan un máximo de tres ciudades. De entre los candidatos preseleccionados, el jurado europeo selecciona a los ganadores.
Los jurados consideran las medidas tomadas y planificadas en las áreas de entorno construido y los espacios públicos, transporte e infraestructura relacionada, información y comunicación, instalaciones y servicios públicos, y consideraciones ejemplares de infraestructura deportiva accesible.
El solicitante seleccionado debe demostrar un enfoque coherente de la accesibilidad en las cuatro áreas y una visión ambiciosa.
El Premio Ciudad Accesible forma parte de los esfuerzos más amplios de la Unión Europea para mejorar la vida de las personas con discapacidad a través de la Estrategia para los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030 y el Pilar Europeo de Derechos Sociales.
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