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Fundación ONCE ha recibido este miércoles el premio ‘Best Social 4 Good Institution’ por su proyecto de aceleradora, en el marco de la novena edición de la feria de emprendimiento ‘Startup Olé’ que se está celebrando en Salamanca.
La directora de ONCE en Salamanca, María Esther Pérez Dalmeda, ha sido la encargada de recoger el galardón en un acto celebrado en la Sala Menor del Palacio de Congresos de Salamanca y que ha contado con la presencia de Emma Fernández, directora General de Economía Social y Autónomos de la Junta de Castilla y León.
El Programa de Aceleración de Fundación ONCE tiene como objetivo acelerar los retos de crecimiento a los que se enfrentan proyectos, Startups y empresas con productos o servicios que mejoren la vida de las personas con discapacidad.
Está dirigido a dos tipos de proyectos empresariales que se diferencian según su grado de desarrollo. Así, el grueso del programa se centra en startups o empresas con un producto innovador en el mercado que tengan retos concretos para impulsar su crecimiento.
Por otra parte, también da cabida a proyectos que hayan desarrollado un producto mínimo viable y que busquen su puesta en marcha en el mercado.
Las empresas y proyectos apoyados pertenecen a diversos sectores, como la mejora de los planteamientos de movilidad urbana (Smart Cities), del sector sanitario (rehabilitación hospitalaria) o educativo, con soluciones que permiten el aprendizaje presencial y online a un mayor número de personas, incluidas las personas con discapacidad.
Hasta la fecha se han apoyado 15 proyectos con impacto en las personas con discapacidad.
Algunos ejemplos de empresas apoyadas dentro de cada sector en las tres convocatorias que se han realizado son Blind Explorer, App & Town, Mooevo y Park4dis, en el ámbito de las smart cities; Marsi Bionics o Supergiz -en el sanitario-, o BeMyVega -en el educativo-.
Asimismo, entre los servicios prestados dentro de la aceleradora destacan el asesoramiento legal (constitución de la empresa, propiedad intelectual); la búsqueda de financiación, con la identificación de posibles vías según el estadio del proyecto; el asesoramiento financiero (identificación de modelo de negocio, plan de negocio), y el asesoramiento en relación con la estructura del equipo: dimensionamiento, necesidad de perfiles, fidelización de plantillas mediante planes de incentivos, etcétera.
Fuente: Fundación ONCE
El Gobierno inició el pasado martes los trámites para adaptar a la legislación española la directiva europea que fija los requisitos de accesibilidad para determinados bienes y servicios, conocida popularmente como Ley Europea de Accesibilidad.
Este es el objetivo del Anteproyecto de Ley en materia de requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios aprobado hoy en primera lectura por el consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Dicho texto busca trasponer al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que se establecen los requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Entre otros aspectos, la normativa europea fijó las exigencias mínimas de accesibilidad comunes a toda la UE para teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores; máquinas expendedoras de billetes de transporte adaptadas; televisiones y programas de televisión; bancos y cajeros automáticos; e-books; páginas web de compras en línea, y aplicaciones para móviles.
Su propósito fue facilitar el acceso y participación de las personas con discapacidad en estos ámbitos, y señaló 2022 como año límite en para que los Estados miembro la adaptasen a sus legislaciones nacionales.
Según el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, esta directiva establece “un nuevo marco de protección a las personas con discapacidad como clientas, consumidoras y usuarias”, y refuerza su derecho a acceder a los bienes y servicios disponibles en el mercado interior europeo.
El etiquetado inclusivo es una de las novedades introducidas en la Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica y una de las mejoras que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha calificado de «éxito» tras su reunión con representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Garzón ha recordado que cualquier persona «puede ser en cualquier momento, si no lo es ya, un consumidor o consumidora vulnerable» y que, por tanto, se trata de una ley «muy positiva para el conjunto de la sociedad», ya que amplía sus derechos.
Otra de las novedades incorporadas en el trámite parlamentario es que se favorecerá la inclusión financiera de las personas de mayor edad. Así pues, el Gobierno promoverá, en el plazo de tres meses, las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a las personas vulnerables que lo demanden, sin discriminación alguna por razón de la conocida como brecha digital.
Adicionalmente, y en coordinación con el Banco de España y representantes del sector de entidades de crédito, el Ejecutivo adoptará medidas para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables y, especialmente, de las de edad avanzada.
Con ello, se busca que el cierre de oficinas bancarias no lleve emparejado el cierre de sus cajeros automáticos externos y que las entidades incrementen su personal para poder ayudar a realizar distintas operaciones a las personas con menores capacidades digitales.
Con este nuevo texto, el Ministerio de Consumo consolida la figura de la persona consumidora vulnerable, un marco legal que permite corregir situaciones de indefensión, protegiendo a colectivos vulnerables (menores, personas con distintos tipos de discapacidad, de avanzada edad o escaso nivel de digitalización, entre otros).
Son ejemplos de grupos sociales particularmente expuestos a abusos, fraudes, estafas y engaños por técnicas de comercialización o de información y por las que el Gobierno desarrolla medidas especiales de apoyo o asistencia para garantizar que toma las decisiones de consumo acordes con sus intereses.
El concepto de persona consumidora vulnerable en sus relaciones de consumo recoge todas aquellas situaciones en las que hay una desventaja, desprotección, indefensión o subordinación frente a empresas, aunque sea de forma temporal, territorial o sectorial, debido a sus características, necesidades o circunstancias personales.
El Gobierno crea, por tanto, un paraguas jurídico que garantiza que las relaciones de consumo se realicen en entornos más igualitarios, accesibles, transparentes y de mayor seguridad. De la misma forma, establece un mandato a las administraciones públicas para, en la medida de lo posible, orientar las políticas de consumo hacia estos colectivos más vulnerables.
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