Observatorios en materia de accesibilidad
El nuevo Centro Europeo de Recursos de Accesibilidad, ‘AccessibleEU’, velará para que la normativa sobre accesibilidad se “aplique de igual manera” y con los mismos estándares de calidad en toda la Unión Europea, según explicó Jesús Hernández, director de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE, en la presentación del proyecto celebrada a inicios de julio en el Comité Económico y Social Europeo, en Bruselas.
Para Inmaculada Placencia, experta senior en Discapacidad e Inclusión de la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea, el objetivo último “es que la accesibilidad (física, sensorial o cognitiva) sea predecible”. Esto es, que “vaya donde vaya o utilice lo que sea que utilice, la accesibilidad sea lo esperable para cualquier persona con discapacidad en la UE”.
Liderado por Fundación ONCE, ‘AccessibleEU’ es un centro de recursos de accesibilidad que no tiene sede física. Su creación fue una de las iniciativas emblemáticas propuestas por la Comisión Europea en la Estrategia para los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030, y servirá para aumentar la coherencia de las políticas de accesibilidad y facilitar el acceso a los conocimientos pertinentes sobre diseño, desarrollo, armonización, etc.
De este modo, se busca aumentar la disponibilidad de productos, servicios e infraestructuras más accesibles en toda la UE, explicó Jesús Hernández. También destacó la “dispersión normativa” que existe en materia de accesibilidad, así como la gran variedad de agentes implicados (instituciones públicas, responsables políticos, industria, proveedores de contenidos audiovisuales, empresas de tecnología, transportes…).
En opinión de Placencia, esta gran diversidad de legislaciones y de actores “hacía cada vez más evidente la necesidad” de la puesta en marcha del Centro Europeo de Accesibilidad, a fin de “armonizar políticas”. De hecho, el proyecto contempla la puesta en marcha de una biblioteca ‘online’ sobre accesibilidad que incluirá acceso directo, a través de enlaces, a las bases de datos más importantes sobre legislación, estándares, documentación sobre accesibilidad y productos y tecnologías de asistencia, entre otros.
Además, el centro de recursos se propone la creación de una comunidad de expertos en accesibilidad, conectar a todas las partes interesadas en esta materia, crear una ventanilla única de conocimiento, desarrollar un programa de formación de profesionales y fomentar la estandarización técnica y la participación de las personas con discapacidad en sus mecanismos.
Según Placencia, otro de los retos del proyecto es “lograr la profesionalización de la accesibilidad”, a fin de garantizar “una aplicación completa y coherente de estas políticas en toda la UE”. A su vez, ello pasa por mejorar la formación, la sensibilización, el trabajo en red…, objetivos todos ellos de este centro.
Junto a los dos expertos intervino Sachin Dev Pavithran, director ejecutivo de Access Board, agencia estadounidense encargada de favorecer la igualdad de las personas con discapacidad mediante la estandarización de las normas de accesibilidad.
Jesús Hernández agradeció la colaboración de la Administración estadounidense, que “tantos años lleva trabajando en este terreno”. “En comparación con vosotros, ‘AccessibleEU’ es un bebé”, comentó.
Por ello, quiso saber sus conclusiones y recomendaciones en cuanto a los retos de la accesibilidad. Según apuntó su director ejecutivo, en EE.UU. “se ha llevado a cabo un trabajo bastante bueno en cuanto a accesibilidad física, pero la accesibilidad sensorial y cognitiva están todavía muy verdes”.
AccessibleEU’ se ha puesto en marcha a través de un consorcio liderado por Fundación ONCE, como entidad referente en accesibilidad a nivel internacional, la Universidad austriaca Johannes Kepler de Linz, y la Red Europea de Turismo Accesible (ENAT). También forman parte del proyecto la Asociación Española de Normalización (UNE) y la Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad (EASPD).
Fuente: SERVIMEDIA
El Consejo de Ministros aprobó este martes el II Plan Nacional de Accesibilidad Universal 2023-2032, que reconoce que la accesibilidad universal es una condición que deben cumplir todos los entornos, productos, bienes y servicios para que puedan ser utilizados y disfrutados por todas las personas. Cuenta con un presupuesto de 93.467.014 euros.
Su elaboración y aprobación viene mandatada por la Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación.
El Plan, según informó el Ministerio de Derechos Sociales, se despliega en seis ejes estratégicos, cada uno de los cuales se destina a un ámbito temático diferenciado: apuesta firme y visibilización de la accesibilidad universal en el Gobierno de España; organización y sistematización de la gestión transversal de la accesibilidad universal; promoción de la gobernanza multinivel en la Administración Pública; reforzar el marco normativo en materia de accesibilidad universal e impulsar su cumplimiento; fomentar la innovación y la gestión del conocimiento en materia de accesibilidad universal; y avanzar en la implantación efectiva de la accesibilidad universal en entornos, productos, bienes y servicios.
Por su amplio espectro de actuación, no sólo favorecerá a las personas con discapacidad sino a todas aquellas personas cuyas circunstancias vitales, transitorias o permanentes, puedan verse beneficiadas de entornos más accesibles. Tal es el caso de las personas con alguna limitación funcional, como pueden ser mayores, infancia, mujeres embarazadas, personas con lesiones temporales, extranjeros, personas que porten carritos de bebé o maletas, etc.
El Plan contará con un seguimiento trienal que sirva para evaluar el progreso en la implementación de las medidas recogidas.
Su presupuesto asignado alcanza los 93.467.014,51 euros y también conlleva la creación de la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública que propiciará el impulso de la contratación pública socialmente responsable. Dicha comisión la conformarán representantes de todos los departamentos ministeriales y de determinados organismos autónomos, del Consejo Económico y Social, y de la sociedad civil, provenientes tanto del Consejo Nacional de la Discapacidad como de la Comisión para el Diálogo Civil y de los sindicatos más representativos, a nivel estatal, dentro de la Administración General del Estado.
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