Consultas sobre accesibilidad

Sí. Fundación ONCE ofrece el sello A TECH, basado en la norma EN 301 549. Este sello certifica la accesibilidad del dispositivo para distintos perfiles de discapacidad. Un ejemplo conocido son los televisores Samsung certificados con A TECH.

No. Esta práctica puede constituir una discriminación indirecta. El principio de accesibilidad universal establece que:

• No se pueden imponer recorridos más largos, peligrosos o complejos a personas con discapacidad o movilidad reducida.
• Todas las personas deben poder acceder por itinerarios equivalentes, seguros y dignos.

Obligar a salir al exterior y volver a entrar supone:

• Un trato desigual.
• Un mayor esfuerzo físico.
• Exposición a riesgos adicionales (tráfico, barreras urbanas, etc.).

Sí. El marco básico se establece en el: Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, que regula las condiciones de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Este Real Decreto fija unas condiciones mínimas comunes en todo el Estado, pero deja a las administraciones locales (ayuntamientos) la regulación concreta mediante sus ordenanzas de movilidad.

Actualmente no se dispone de información sobre otros municipios que cuenten con líneas de ayudas específicas dirigidas a la eliminación de barreras arquitectónicas en locales comerciales, similares al Plan Adapta de Madrid. No obstante, para obtener información actualizada y precisa, se recomienda contactar directamente con la administración local correspondiente al municipio donde se ubique el comercio, ya que es la vía más adecuada para conocer posibles ayudas o subvenciones disponibles.

Sí. Existen recursos y sistemas que pueden facilitar que las personas con discapacidad visual disfruten del baño en el mar de forma más segura y autónoma. Estos sistemas ayudan a mantener la orientación y a reducir riesgos durante la entrada, permanencia y salida del agua.

No existe una normativa estatal específica que regule medidas concretas para el baño en el mar (como cuerdas, boyas o sistemas auditivos). Sin embargo, sí existe un marco legal de accesibilidad universal que obliga a que los servicios públicos —incluidas las playas— sean accesibles para todas las personas.

Sí. Los calendarios interactivos deben cumplir:

• WCAG 2.1 / 2.2 (Web Content Accessibility Guidelines)
  • Navegación por teclado (criterio 2.1.1)
  • Foco visible (criterio 2.4.7)
  • Información y relaciones (1.3.1)
  • Contraste adecuado (1.4.3)
  • Evitar trampas de teclado (2.1.2)
  • Anunciar cambios dinámicos con ARIA (4.1.3)
• EN 301 549, obligatoria en España para administraciones públicas y entidades que prestan servicios esenciales.
• Ley 11/2023 de accesibilidad digital en España, que refuerza la obligación de accesibilidad en servicios digitales.

Se Puede profundizar más en WCAG 2.2 o en EN_301_549.

No. El consenso técnico y normativo es claro: el cumplimiento del nivel AA no puede alcanzarse únicamente mediante una capa o overlay, ya que las WCAG exigen que la accesibilidad esté garantizada desde la estructura, el código, los contenidos y la interacción base del sitio web. Las WCAG 2.2 establecen criterios de conformidad testables sobre el contenido original, no sobre transformaciones posteriores realizadas por el usuario o por scripts externos.

Las personas con discapacidad visual no suelen utilizar lectores específicos para documentos PDF. En su lugar, emplean lectores de pantalla integrales, capaces de leer:

• Sitios web
• Documentos en distintos formatos
• Correos electrónicos
• Aplicaciones del sistema

En dispositivos móviles, los lectores de pantalla más utilizados y accesibles son:

• VoiceOver — integrado en iOS
• TalkBack — integrado en Android

Ambos permiten leer documentos PDF siempre que el contenido esté correctamente etiquetado y accesible.

No existe una obligación general de convertir todo el contenido de todas las webs públicas a lectura fácil. La Ley 6/2022 reconoce la accesibilidad cognitiva y la lectura fácil como uno de los medios para hacerla efectiva. El Real Decreto 707/2026 concreta obligaciones para determinados contenidos y situaciones, pero no entrará en vigor hasta el 2 de enero de 2027. La necesidad de una versión en lectura fácil depende del contenido y de la obligación aplicable. El propio reglamento establece casos concretos, por ejemplo determinadas convocatorias de empleo público y cierta información cultural. Además, las webs y aplicaciones del sector público deben cumplir el Real Decreto 1112/2018. Esta obligación de accesibilidad digital es independiente y no se sustituye por ofrecer una versión en lectura fácil.

Enlaces recomendados

• Ley 6/2022 en Accessibilitas
• Real Decreto 707/2026 en Accessibilitas
• Texto consolidado del Real Decreto 1112/2018 en el BOE
• Texto oficial del Real Decreto 707/2026 en el BOE
• Curso complementario: DG-02 · Accesibilidad digital (EVA)
• Curso complementario: LF-01 · Lectura fácil (EVA)

Sí. La normativa española establece obligaciones y recomendaciones que afectan directamente a la creación de materiales accesibles:

• Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013) Establece el derecho a la accesibilidad universal en servicios, información y comunicación.
• Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público Aunque está orientado a webs, sus criterios WCAG son aplicables a documentos y materiales informativos.
• Normas UNE de accesibilidad
  • UNE 170001-1 y 170001-2: Accesibilidad universal.
  • UNE 139803: Requisitos de accesibilidad para contenidos digitales.
  • UNE-EN 17210:2021: Accesibilidad del entorno construido y servicios relacionados, aplicable a turismo.
• Recomendaciones de la OMT (Organización Mundial del Turismo) sobre turismo accesible.

Estas normas no obligan a usar materiales concretos, pero sí a garantizar que la información sea accesible en múltiples formatos. La accesibilidad en turismo exige aplicar buenas prácticas porque garantiza que cualquier visitante pueda comprender y disfrutar la información sin barreras. Materiales como documentos en lectura fácil, apoyos táctiles, audios o vídeos subtitulados permiten adaptar la comunicación a distintas necesidades y mejorar la experiencia global. Además, cumplir la normativa vigente refuerza la profesionalidad del guía y contribuye a un turismo más inclusivo, responsable y de mayor calidad para todos.

Aunque se trata de un ámbito en desarrollo y de gran interés, actualmente no se tiene constancia de la implantación generalizada de servicios de carsharing accesibles con vehículos adaptados (ya sean coches, scooters o motocicletas) específicamente destinados al uso o transporte de personas con discapacidad; no obstante, sí se sabe que algunas empresas están explorando y desarrollando proyectos piloto y alternativas más inclusivas en este sector, lo que sugiere que en el futuro podrían incorporarse este tipo de soluciones accesibles dentro de las opciones habituales de movilidad compartida.

Sí. En España, la accesibilidad en edificios residenciales está regulada principalmente por:

• Ley General de derechos de las personas con discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013). Establece el derecho a la accesibilidad universal y la eliminación de barreras.
• Ley de Propiedad Horizontal (LPH), artículo 10.1.b). Obliga a realizar obras de accesibilidad cuando las soliciten personas con discapacidad o mayores de 70 años, sin necesidad de acuerdo de la junta en ciertos casos.
• Código Técnico de la Edificación (CTE DB-SUA, Seguridad de Utilización y Accesibilidad). Define las condiciones técnicas que deben cumplir los ascensores y elementos accesibles.

Actualmente, no existe un listado público completo y actualizado que recopile áreas, departamentos, oficinas, comisiones, consejos o mesas de accesibilidad (de carácter técnico y/o consultivo) en los entes administrativos regionales y locales en España. España está organizada en 17 Comunidades Autónomas y 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), que a su vez se dividen en múltiples ayuntamientos. Cada una de estas administraciones gestiona la accesibilidad de forma diferente, con estructuras organizativas y denominaciones propias, lo que dificulta la existencia de un listado homogéneo. Se ha planteado la posibilidad de elaborar un listado lo más completo posible con información sobre estos órganos, con el objetivo de publicarlo y mantenerlo actualizado. Si conoces organismos, áreas o servicios relacionados con la accesibilidad en administraciones públicas, puedes aportar esa información para ayudar a completar un listado más amplio y útil para todos.

Puede haber municipios pequeños con ordenanzas propias, pero no conviene ofrecer una conclusión general sin comprobar cada ordenanza y su aplicación. Si se incluyen ejemplos, es mejor enlazar el texto oficial del municipio y explicar por qué se considera una buena práctica. Aunque un ayuntamiento no disponga de una ordenanza específica, debe aplicar la normativa estatal y autonómica que corresponda. Entre las referencias estatales principales están:

• El Real Decreto Legislativo 1/2013, como marco general de derechos, accesibilidad universal y no discriminación.
• El Código Técnico de la Edificación y su DB-SUA, para los edificios incluidos en su ámbito de aplicación.
• La Orden TMA/851/2021, para los espacios públicos urbanizados. Esta orden sustituyó a la Orden VIV/561/2010.

Las ordenanzas municipales pueden desarrollar estos requisitos dentro de las competencias locales y adaptarlos a circunstancias como el patrimonio, la orografía o la trama urbana, respetando siempre la normativa de rango superior.

Enlaces recomendados

• Normativa técnica y legal de Accessibilitas
• Orden TMA/851/2021 en Accessibilitas
• Real Decreto Legislativo 1/2013 en Accessibilitas
• Código Técnico de la Edificación en Accessibilitas
• Texto oficial de la Orden TMA/851/2021 en el BOE

Sí. Aunque el RD 1112/2018 sigue siendo la referencia principal en el sector público español, hay avances importantes:

• Directiva (UE) 2019/882 (European Accessibility Act)
  • Aplicable desde el 28 de junio de 2025
  • Amplía requisitos de accesibilidad a productos y servicios del sector privado
  • Refuerza la importancia del diseño centrado en el usuario
• Evolución de estándares técnicos:
  • Transición progresiva hacia WCAG 2.2 (y futuras versiones como WCAG 3.0 en desarrollo)

En este contexto, las pruebas con usuarios cobran aún más relevancia como práctica alineada con:

• Diseño universal
• Diseño centrado en las personas
• Experiencia de usuario accesible (UX inclusiva)

Actualmente no existe un reproductor MP4 “certificado” como accesible bajo UNE-EN 301549 que pueda incrustarse directamente en una web. Las soluciones más comunes (YouTube, Vimeo, players comerciales o de código abierto) pueden configurarse para cumplir WCAG 2.1, pero no existe un player específico que garantice por sí mismo el cumplimiento completo de la norma.

Sí, pero son distintas:

• Las ayudas individuales suelen estar destinadas a la adaptación de viviendas dentro del domicilio (baños accesibles, eliminación de barreras interiores, etc.).
• Las actuaciones sobre zonas comunes (ascensor, portal, rampas) se tramitan siempre por la comunidad.

No existe una regla específica sobre nombres científicos en lectura fácil, pero sí un marco normativo claro:

Normativa principal

UNE 153101:2018 EX Establece pautas de redacción, diseño y validación en lectura fácil.

Normativa y estándares complementarios

WCAG (accesibilidad web): recomiendan evitar estilos que reduzcan la legibilidad (como exceso de cursivas). Recomendaciones de accesibilidad visual (ONCE, etc.): desaconsejan tipografías o estilos como la cursiva para mejorar la lectura.

Sí, existen iniciativas de vivienda pública o colaboraciones público-privadas que incluyen apartamentos adaptados destinados a personas con discapacidad en régimen de alquiler; por ejemplo, en la Comunidad de Madrid destaca el Plan VIVE, que prevé poner en el mercado unas 25.000 viviendas y sobre el que se puede consultar toda la información en el siguiente enlace: https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/plan-vive. En general, la gestión y adjudicación de este tipo de viviendas corresponde a las administraciones públicas (autonómicas, provinciales o locales), por lo que se recomienda contactar directamente con ellas o acudir a oficinas de atención al ciudadano para conocer las opciones disponibles en una zona concreta y recibir orientación personalizada. Además, también existen alternativas en el ámbito privado donde se pueden encontrar viviendas accesibles, como el portal Idealista (que permite aplicar filtros de accesibilidad en sus búsquedas) o sitios especializados como https://www.pisosaccesibles.es/ de la Federación Nacional ASPAYM, donde se publican inmuebles adaptados.