El etiquetado inclusivo es una de las novedades introducidas en la Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica y una de las mejoras que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha calificado de «éxito» tras su reunión con representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Garzón ha recordado que cualquier persona «puede ser en cualquier momento, si no lo es ya, un consumidor o consumidora vulnerable» y que, por tanto, se trata de una ley «muy positiva para el conjunto de la sociedad», ya que amplía sus derechos.
Otra de las novedades incorporadas en el trámite parlamentario es que se favorecerá la inclusión financiera de las personas de mayor edad. Así pues, el Gobierno promoverá, en el plazo de tres meses, las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a las personas vulnerables que lo demanden, sin discriminación alguna por razón de la conocida como brecha digital.
Adicionalmente, y en coordinación con el Banco de España y representantes del sector de entidades de crédito, el Ejecutivo adoptará medidas para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables y, especialmente, de las de edad avanzada.
Con ello, se busca que el cierre de oficinas bancarias no lleve emparejado el cierre de sus cajeros automáticos externos y que las entidades incrementen su personal para poder ayudar a realizar distintas operaciones a las personas con menores capacidades digitales.
Con este nuevo texto, el Ministerio de Consumo consolida la figura de la persona consumidora vulnerable, un marco legal que permite corregir situaciones de indefensión, protegiendo a colectivos vulnerables (menores, personas con distintos tipos de discapacidad, de avanzada edad o escaso nivel de digitalización, entre otros).
Son ejemplos de grupos sociales particularmente expuestos a abusos, fraudes, estafas y engaños por técnicas de comercialización o de información y por las que el Gobierno desarrolla medidas especiales de apoyo o asistencia para garantizar que toma las decisiones de consumo acordes con sus intereses.
El concepto de persona consumidora vulnerable en sus relaciones de consumo recoge todas aquellas situaciones en las que hay una desventaja, desprotección, indefensión o subordinación frente a empresas, aunque sea de forma temporal, territorial o sectorial, debido a sus características, necesidades o circunstancias personales.
El Gobierno crea, por tanto, un paraguas jurídico que garantiza que las relaciones de consumo se realicen en entornos más igualitarios, accesibles, transparentes y de mayor seguridad. De la misma forma, establece un mandato a las administraciones públicas para, en la medida de lo posible, orientar las políticas de consumo hacia estos colectivos más vulnerables.
Fuente:
LA MONCLOA
Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer, que conmemora la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres en la sociedad.
La perspectiva de género es cada vez más tenida en cuenta en todos los ámbitos de la sociedad, incluido en el ámbito de la discapacidad y la accesibilidad. Sin embargo, los estereotipos femeninos y masculinos todavía marcados en nuestra educación y cultura implican en muchas circunstancias una doble discriminación hacia las mujeres con discapacidad.
En cuanto a la accesibilidad, el diseño universal busca erradicar el diseño tradicional basado en un estándar poco realista, que ha dejado fuera durante mucho tiempo de la participación en la sociedad a las personas que no encajaran en este estándar, entre ellas las personas con discapacidad y también por su parte las mujeres.
Durante el pasado año, se analizó el tema “Accesibilidad y género” en los Foros de Expertos llevados a cabo por Fundación ONCE, percibiendo este avance, pero también detectando las limitaciones y carencias que todavía se encuentran presentes.
Las participantes destacaron que es el momento de una concreción práctica, de llevar la accesibilidad y género a cuestiones prácticas. Se ha avanzado en sensibilización, pero no existen los agentes facilitadores necesarios, encontrando todavía grandes barreras de acceso.
Se considera fundamental acercarnos a un nuevo diseño que dé respuesta a la verdadera realidad social, alejada de roles y en busca de un desarrollo más humano del entorno y en general de la sociedad.
Como comentábamos en el 
Alrededor del 6% de las páginas webs de las administraciones cumplen de forma total las exigencias de la Directiva 2016/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de webs y las aplicaciones móviles de las administraciones públicas, que en España se recogió en el Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
Así se deduce del primer informe de seguimiento sobre el cumplimiento de la citada directiva para el período 2020-2021 elaborado por el Observatorio de Accesiblidad Web (OAW), dependiente de la secretaría general de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Según se especifica, los estándares de accesibilidad vigentes para España quedan fijados en la norma UNE-EN 301549:2019, que establece como requisitos de accesibilidad la calificación AA y A (en función de los criterios), pero no la AAA que implica la máxima exigencia.
En su estudio, el OAW ofrece los resultados de un seguimiento simplificado a 1.010 páginas webs realizado con una herramienta digital diseñada por sus especialistas que evalúa en qué grado se cumplen los principales criterios establecidos en la citada norma UNE y, en especial, aquellos que más determinan la accesibilidad final.
Asimismo, el informe recoge un seguimiento en profundidad de 65 webs, realizado de “forma manual” por los técnicos en el que sí se examinan todos los requisitos de la UNE-EN 301549:2019, y otro estudio también en profundidad de 18 aplicaciones para dispositivos móviles.
Según el seguimiento simplificado, solo el 5,54% de las webs de las administraciones públicas cumple al 100% con la directiva europea y con la legislación española, cifra que el informe en profundidad eleva a un 6,15%.
Por su parte, el análisis de los más de 1.000 sitios web revela que el 68,12% de ellos cumple de forma parcial los estándares de accesibilidad exigibles (más del 50%), y que un 26,34% no cumple ninguno.
En cambio, el informe en profundidad indica que el 81,54% de las 65 webs analizadas respeta parcialmente la normativa y que el 12,31% no lo hace nunca.
Más información: 
En noviembre de 2021, del 15 al 19, tuvo lugar la cuarta edición del Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para la Diversidad. Durante estos cinco días se compartieron conocimientos, innovaciones, nuevas ideas, buenas prácticas, adelantos, … que llevan a desarrollar nuevos proyectos con nuevas perspectivas en las que destaca la inclusión de todas las personas.
Este es el principal objetivo del congreso: compartir. Todos los ponentes que participaron tanto en las sesiones en directo, como en las grabaciones, colaboraron de manera desinteresada, aportando su experiencia y conocimiento para entre todos, conseguir un mundo más accesible en cada uno de los ámbitos.
Uno de los objetivos del congreso es la divulgación y queremos contribuir a ello presentando el