La movilidad es esencial para todas las personas. Se trata de una necesidad fundamental, independientemente si es para llegar al trabajo, visitar a un médico, participar en la vida pública, realizar actividades de ocio o vacaciones. Por supuesto, esto también se aplica a personas con discapacidad. La situación de confinamiento impuesta como resultado de la pandemia, ha puesto de manifiesto lo que supone no tener garantizada la movilidad personal. Ello ha tenido un impacto significativo en la autonomía de muchas personas con y sin discapacidad y en su participación social. Esta situación también está suponiendo un desafío sin precedentes. Tras el esfuerzo colectivo del confinamiento para aplanar la curva del coronavirus, ahora la atención está en la reapertura de la economía y existe la incertidumbre de no saber qué es lo que viene. No se sabe qué parámetros marcarán la vuelta a los estándares de movilidad requeridos ni qué aspectos se deben considerar, teniendo en cuenta la experiencia vivida con la pandemia. ¿Se establecerá como canon de medida el metro y medio? Sin lugar a dudas, las ciudades tendrán que reestructurarse para evitar nuevos contagios. Por tanto, muchas de las medidas de seguridad impuestas con dicho fin seguirán vigentes por algún tiempo. Por ejemplo, no habrá las aglomeraciones urbanas de la antigua normalidad. Será una sociedad más espaciada, más higienizada y reacia a las multitudes. Todavía es demasiado pronto para saber cuál será la huella exacta de la Covid-19. Lo que sí se sabe es que este nuevo reto exige que nadie se quede atrás y que todas las personas tengan garantizada su movilidad. También se debe asegurar que las medidas de distanciamiento físico no se confundan con un distanciamiento social y que se termine dejando fuera a colectivos vulnerables. El nuevo modelo de movilidad debe ayudar a prevenir y combatir el aislamiento, y a garantizar el derecho de todas las personas a una vida independiente y totalmente inclusiva en la comunidad.