El director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Celada, manifestó su confianza en que su departamento dé luz verde al Plan Nacional de Accesibilidad Universal en 2021 y logre ponerlo en marcha gracias a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Celada realizó estas afirmaciones durante un encuentro sobre ‘Accesibilidad Cognitiva’ organizado por la confederación Plena Inclusión España y la agencia de noticias Servimedia, donde se reivindicó la importancia de facilitar la comprensión y la comunicación del entorno físico, cultural y social a aquellas personas con dificultades de comprensión y comunicación. En su intervención, Celada lamentó que este plan, “previsto en la Ley General de Discapacidad de 2013, todavía no se ha puesto en marcha, siete años después”. “Es verdad que sólo en dos años tuvimos tres ministros, tres secretarios de Estado y mucha inestabilidad política”, y subrayó que la falta de cuentas públicas dificultó también su aprobación y desarrollo. Sin embargo, siete años de retraso “no son admisibles”. Por ello, Celada confió en que “con la aprobación del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, podamos ponerlo en marcha”. “La buena noticia es que hemos tenido tiempo para revisarlo e incorporar nuevas aportaciones”, prosiguió, y esto “nos ha permitido incluir más referencias a la accesibilidad cognitiva”. Según Celada, el plan se halla en este momento en fase de borrador y “está abierto a las aportaciones” que puedan realizar las asociaciones del sector de la discapacidad y otros actores interesados. “Hemos contado con una muy amplia participación de todo el movimiento asociativo”, declaró, pero “el plazo para recibir propuestas sigue abierto”. Celada destacó que “la accesibilidad cognitiva es imprescindible” para que las personas con discapacidad intelectual, trastornos de salud mental o mayores puedan “participar en la vida social”. Por ello, el Real Patronato sobre Discapacidad abrió una línea editorial específica para publicar en lectura fácil documentos como la Constitución Española; la Ley General de Discapacidad; la reforma de la Ley Electoral, que permitió que 100.000 personas con discapacidad intelectual recuperasen su derecho al voto, y otros textos “de especial relevancia”. En su opinión, “la pandemia del coronavirus ha puesto además de manifiesto la importancia de los pictogramas y de la señal ética”, otras técnicas utilizadas para facilitar la accesibilidad cognitiva. “Ahora que en los hospitales y en tantos edificios se nos indica por dónde entrar y qué recorrido seguir, somos conscientes de la utilidad de estas señales”, que para algunas personas son “decisivas”, concluyó. Fuente: SERVIMEDIA

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis), ha advertido de que la accesibilidad al teléfono de emergencias 112 “no está garantizada en igualdad de condiciones para todas las personas”, puesto que no cumple con las exigencias de la legislación europea. Esta es la principal conclusión de la Oadis en un escrito de respuesta a una queja planteada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), en la que la entidad denunciaba las carencias que sigue presentando el 112 para ser utilizado por personas sordas, con discapacidad auditiva, sordociegas o dificultades en el habla. Como expone la propia Oadis, estas personas “no pueden realizar una llamada de emergencia al 112 cuando se desplazan fuera de la comunidad autónoma en la que residen habitualmente y en la que están registradas” para poder utilizar este servicio. Además, avisa de que la solución actual que se ha implantado de usar el 112 a través de un centro de intermediación “no es adecuada, ya que se trata de que, ante una situación de urgencia, el tiempo de respuesta sea lo más breve posible”, lo que, a su juicio, no es viable “si hay que utilizar un sistema de intermediación”, como sucede en la actualidad. En su escrito, la Oadis informa al Cermi de que, tras recibir su denuncia, solicitó información detallada a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior, y le planteó que actúe como Centro de Coordinación Operativo en Emergencias de Interés Nacional, de manera que el 112 sea accesible en cualquier comunidad o ciudad autónoma, “ya que la ausencia de accesibilidad a los servicios de emergencias para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas impide su uso con seguridad en todo el ámbito nacional”. Tras esta petición, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias respondió a la Oadis que la atención de las llamadas al 112 son competencia de las comunidades y ciudades autónomas, aunque apuntó que en los próximos meses planteará un procedimiento único para garantizar la accesibilidad y armonizar así este servicio en todo el territorio. Asimismo, esta Dirección General detalló los avances que han ido implantando las diferentes comunidades y ciudades autónomas para hacer posible la atención a todas las personas con discapacidad. En todo caso, Protección Civil aseguró también que la resolución de problemas de índole tecnológico que puedan existir correspondería al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por lo que la Oadis concluye su escrito indicando al Cermi que se dirigirá a dicho departamento solicitándole información al respecto. Fuente: Discapnet