Otis ha abierto la convocatoria para la V edición de los Premios Otis ‘Por un mundo sin barreras’, con los que reconoce a las personas y organizaciones que se esfuerzan por derribar obstáculos y construir puentes de inclusión en pro de un mundo más equitativo y accesible para todos.
Este año, la periodista y comunicadora Isabel Gemio será miembro de honor del jurado. En palabras del CEO de Otis, João Penedo, “la accesibilidad y la eliminación de las barreras arquitectónicas son principios sobre los que se funda nuestra compañía, por lo que estos premios tienen una relevancia especial para nosotros. Estamos orgullosos de reconocer y celebrar a aquellas personas que trabajan para construir una sociedad sin barreras, que desafían los límites y que construyen puentes hacia un futuro inclusivo”.
El plazo de presentación candidaturas finalizará el 30 de septiembre de 2023. Las candidaturas se presentarán a través de la web de «Otis sin barreras«.
Existen dos modalidades: ‘Ascentia’, que reconoce los productos, servicios, proyectos, estudios o investigaciones orientados a mejorar la calidad de vida de las personas y eliminar las barreras de accesibilidad; y ‘Áurea’, que premia a personas o grupos cuya trayectoria sea un ejemplo para seguir en la construcción de una sociedad sin barreras.
Se entregarán dos galardones por cada categoría, con un premio de 3.000 euros cada uno. El fallo del jurado se dará a conocer en octubre y la gala de entrega de los premios se llevará a cabo durante el mes de noviembre en Madrid. El jurado está compuesto por personalidades de la arquitectura, el periodismo, la cultura y el sector de la discapacidad.
Fuente: SERVIMEDIA
El Consejo de Ministros aprobó este martes el II Plan Nacional de Accesibilidad Universal 2023-2032, que reconoce que la accesibilidad universal es una condición que deben cumplir todos los entornos, productos, bienes y servicios para que puedan ser utilizados y disfrutados por todas las personas. Cuenta con un presupuesto de 93.467.014 euros.
Su elaboración y aprobación viene mandatada por la Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación.
El Plan, según informó el Ministerio de Derechos Sociales, se despliega en seis ejes estratégicos, cada uno de los cuales se destina a un ámbito temático diferenciado: apuesta firme y visibilización de la accesibilidad universal en el Gobierno de España; organización y sistematización de la gestión transversal de la accesibilidad universal; promoción de la gobernanza multinivel en la Administración Pública; reforzar el marco normativo en materia de accesibilidad universal e impulsar su cumplimiento; fomentar la innovación y la gestión del conocimiento en materia de accesibilidad universal; y avanzar en la implantación efectiva de la accesibilidad universal en entornos, productos, bienes y servicios.
Por su amplio espectro de actuación, no sólo favorecerá a las personas con discapacidad sino a todas aquellas personas cuyas circunstancias vitales, transitorias o permanentes, puedan verse beneficiadas de entornos más accesibles. Tal es el caso de las personas con alguna limitación funcional, como pueden ser mayores, infancia, mujeres embarazadas, personas con lesiones temporales, extranjeros, personas que porten carritos de bebé o maletas, etc.
El Plan contará con un seguimiento trienal que sirva para evaluar el progreso en la implementación de las medidas recogidas.
Su presupuesto asignado alcanza los 93.467.014,51 euros y también conlleva la creación de la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública que propiciará el impulso de la contratación pública socialmente responsable. Dicha comisión la conformarán representantes de todos los departamentos ministeriales y de determinados organismos autónomos, del Consejo Económico y Social, y de la sociedad civil, provenientes tanto del Consejo Nacional de la Discapacidad como de la Comisión para el Diálogo Civil y de los sindicatos más representativos, a nivel estatal, dentro de la Administración General del Estado.
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