Los miembros del proyecto ‘Just4ALL’, que pretende mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en la UE y que está liderado por Fundación ONCE, han celebrado recientemente un seminario web internacional en el que han abogado por la creación de un código de conducta europeo sobre accesibilidad universal y discapacidad, obligatorio para los profesionales del derecho.

En concreto, el proyecto de ‘Justicia para todos’ ve necesaria la redacción de un código de conducta europeo, además del diseño de protocolos y capacitación sobre discapacidad y accesibilidad universal obligatorios para los profesionales del derecho, “pero también para todos los demás profesionales involucrados en el sistema de justicia”.

En este sentido a la vez que se han abogado por un un código de conducta europeo, se ha presentado en el seminario un curso abierto masivo en línea (MOOC) pensado para contribuir a la capacitación de los profesionales, que incorpore también ejemplos de buenas prácticas, glosarios y legislación de la UE relacionada.

Finalmente, los componentes de ‘Just4ALL’, un proyecto cofinanciado por el Programa de Justicia de la Unión Europea, han incidido en la importancia de que las instituciones públicas, las organizaciones académicas y legales y las plataformas de discapacidad “trabajen juntas”.

‘Just4ALL’ es un programa europeo que busca mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad mediante acciones como la sensibilización y formación de juristas en la atención y necesidades específicas de este grupo de ciudadanos, y que está liderado por Fundación ONCE. Cuenta además con la participación de European Disability Forum (EDF), European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), Thompson Reuters Aranzadi y la Universidad Carlos III de Madrid.

El proyecto ‘Just4ll’ pretende mejorar el acceso real a la justicia de las personas con discapacidad y contribuir así a la aplicación efectiva de la legislación en materia de derechos humanos y también en materia de discapacidad. La UC3M, a través del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, es uno de los socios de este programa, que coordina Fundación ONCE, junto con European Disability Forum (EDF), European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD) y Thomson Reuters Aranzadi.

Más información de este proyecto en su web oficial.

Fuente: Discapnet

La movilidad es esencial para todas las personas. Se trata de una necesidad fundamental, independientemente si es para llegar al trabajo, visitar a un médico, participar en la vida pública, realizar actividades de ocio o vacaciones. Por supuesto, esto también se aplica a personas con discapacidad. La situación de confinamiento impuesta como resultado de la pandemia, ha puesto de manifiesto lo que supone no tener garantizada la movilidad personal. Ello ha tenido un impacto significativo en la autonomía de muchas personas con y sin discapacidad y en su participación social. Esta situación también está suponiendo un desafío sin precedentes. Tras el esfuerzo colectivo del confinamiento para aplanar la curva del coronavirus, ahora la atención está en la reapertura de la economía y existe la incertidumbre de no saber qué es lo que viene. No se sabe qué parámetros marcarán la vuelta a los estándares de movilidad requeridos ni qué aspectos se deben considerar, teniendo en cuenta la experiencia vivida con la pandemia. ¿Se establecerá como canon de medida el metro y medio? Sin lugar a dudas, las ciudades tendrán que reestructurarse para evitar nuevos contagios. Por tanto, muchas de las medidas de seguridad impuestas con dicho fin seguirán vigentes por algún tiempo. Por ejemplo, no habrá las aglomeraciones urbanas de la antigua normalidad. Será una sociedad más espaciada, más higienizada y reacia a las multitudes. Todavía es demasiado pronto para saber cuál será la huella exacta de la Covid-19. Lo que sí se sabe es que este nuevo reto exige que nadie se quede atrás y que todas las personas tengan garantizada su movilidad. También se debe asegurar que las medidas de distanciamiento físico no se confundan con un distanciamiento social y que se termine dejando fuera a colectivos vulnerables. El nuevo modelo de movilidad debe ayudar a prevenir y combatir el aislamiento, y a garantizar el derecho de todas las personas a una vida independiente y totalmente inclusiva en la comunidad.