Observatorios en materia de accesibilidad

El Gobierno inicia la trasposición de la Ley Europea de Accesibilidad

"" El Gobierno inició el pasado martes los trámites para adaptar a la legislación española la directiva europea que fija los requisitos de accesibilidad para determinados bienes y servicios, conocida popularmente como Ley Europea de Accesibilidad. Este es el objetivo del Anteproyecto de Ley en materia de requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios aprobado hoy en primera lectura por el consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Dicho texto busca trasponer al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que se establecen los requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Entre otros aspectos, la normativa europea fijó las exigencias mínimas de accesibilidad comunes a toda la UE para teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores; máquinas expendedoras de billetes de transporte adaptadas; televisiones y programas de televisión; bancos y cajeros automáticos; e-books; páginas web de compras en línea, y aplicaciones para móviles. Su propósito fue facilitar el acceso y participación de las personas con discapacidad en estos ámbitos, y señaló 2022 como año límite en para que los Estados miembro la adaptasen a sus legislaciones nacionales. Según el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, esta directiva establece “un nuevo marco de protección a las personas con discapacidad como clientas, consumidoras y usuarias”, y refuerza su derecho a acceder a los bienes y servicios disponibles en el mercado interior europeo.

NOVEDADES

Aunque el anteproyecto de ley “sigue la misma estructura de la directiva”, se han introducido algunas novedades para adaptarlo a la legislación existente, como es “la creación de una nueva oficina técnica que ejerza como mecanismo de coordinación y comunicación y permita a las autoridades designadas colaborar estrechamente”, indican desde la Dirección General. Además, serán las comunidades y las ciudades autónomas quienes designen a las autoridades responsables de la vigilancia de los criterios de accesibilidad aplicable a los productos y servicios contemplados en la directiva. A diferencia de otros Estados miembro, España cuenta con una legislación amplia sobre accesibilidad y ya cumple con lo establecido en la directiva (algunos requisitos de accesibilidad de ciertos productos y servicios son incluso superiores). Esta transposición es, pues, una revisión técnica de esos requisitos de accesibilidad para establecer una regulación homogénea y asegurar su uso no sólo en España, sino en toda la Unión Europea.

FACILITAR LA COMPETENCIA

Las disparidades existentes entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en accesibilidad de productos y servicios para personas con discapacidad obstaculizan la libre circulación de productos y servicios, distorsionan la competencia efectiva en el mercado interior y afectan negativamente a la competitividad y al crecimiento, debido a los costes adicionales derivados del desarrollo y la comercialización de productos y servicios accesibles para cada mercado nacional. Debido a estas diferencias, profesionales, pymes y microempresas son especialmente reacias a aventurarse en nuevos proyectos empresariales fuera de los mercados de sus países, por lo que se hace necesario establecer una regulación homogénea para aproximar, en el menor plazo posible, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en lo relativo a los requisitos de accesibilidad. Fuente: SERVIMEDIA

Microencuesta de opinión sobre las principales necesidades en materia de Accesibilidad que existen actualmente en España

Con el objeto de contar con la opinión ciudadana y elaborar el II Plan Nacional de Accesibilidad en el marco de una metodología participativa, la Dirección General de Derechos de las Personas con discapacidad, en colaboración con la Fundación ONCE, va a realizar una microencuesta dirigida a la población general, ya que la accesibilidad universal es un principio que, además de ser un factor fundamental para la inclusión social y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, mejora la calidad de vida de todas las personas, siendo una cuestión que afecta al conjunto de la población. Esta encuesta, no pretende generar una base de datos de la que se puedan obtener resultados significativos a nivel estadístico, si no que por su voluntad de extenderse a una muestra aleatoria y de carácter público, pretende realizar una aproximación a la opinión ciudadana, además de conseguir otros objetivos que se detallarán a continuación.
  • Dar la oportunidad a la ciudadanía de participar en la elaboración del II Plan Nacional de Accesibilidad
  • Ser una herramienta de difusión del trabajo de redacción del II Plan Nacional de Accesibilidad, facilitando un espacio participativo y de consulta pública
  • Realizar una aproximación a las necesidades y demandas de la ciudadanía en materia de accesibilidadLa encuesta está dirigida a la ciudadanía en general, y en particular a los diferentes grupos de interés en los que tiene incidencia el II Plan Nacional de Accesibilidad:
        • Personas con discapacidad
        • Personas mayores
        • Personas sin discapacidad
        • Familia o entorno social de las personas con discapacidad
    La encuesta estará disponible hasta el viernes 27 de mayo de 2022. Agradecemos la difusión. Para poder cumplimentarla puede acceder a los siguientes enlaces: • versión estándarversión Lectura Fácilversión incluyendo LSE

El BOE publica la reforma de la Ley General de Discapacidad que regula la accesibilidad cognitiva

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado viernes la modificación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social que establece y regula la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación. Promovida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la nueva ley responde a la necesidad de dotar de ordenación normativa a la accesibilidad cognitiva, que se define como “la característica de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que permiten la fácil comprensión y la comunicación”. La modificación normativa define la accesibilidad cognitiva, dentro del marco general de accesibilidad universal; establecerá los ámbitos, condiciones y plazos en los que será exigible; creará el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva; incluirá esta nueva dimensión en el Plan Nacional de Accesibilidad y habilitará al Gobierno de España para abordar distintos desarrollos reglamentarios en la materia, entre otras cuestiones. Con esta nueva legislación, que ha contado con la unanimidad de las fuerzas políticas parlamentarias, España avanza en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con discapacidad en la línea marcada por el artículo 8 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 17 de marzo, con la inclusión de todas enmiendas incorporadas por el Senado, esta modificación normativa para garantizar la accesibilidad cognitiva. Promovida por el Cermi, inició su tramitación hace casi dos años en el Senado, impulsada por Ciudadanos. Tras su toma en consideración en la Cámara Alta en junio de 2020, la proposición pasó al Congreso de los Diputados, donde estuvo bloqueada varios meses hasta que finalmente salió adelante por consenso, tras incorporar varias enmiendas transaccionales promovidas por el PSOE y Unidas Podemos. De vuelta en el Senado, el informe elaborado por la ponencia incluyó varias enmiendas para recoger en el preámbulo una definición de accesibilidad cognitiva y de lo que se entiende por lectura fácil; la aprobación del segundo Plan Nacional de Accesibilidad, dirigido a que todas las administraciones “acometan de forma paulatina la transformación de sus productos y servicios» que garanticen que son 100% accesibles a todas las personas con discapacidad, y ciertas modificaciones referidas a las competencias autonómicas. Fuente: DISCAPNET