El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 presentará en abril ante el Consejo de Ministros el nuevo reglamento de accesibilidad cognitiva, una norma destinada a concretar cómo deben aplicarse estas medidas en ámbitos como la justicia, la salud, la educación o el transporte.
El anuncio se produjo durante la presentación de la campaña “Inclínate por lo fácil” en la Fiscalía General del Estado, una iniciativa orientada a promover la comprensión de entornos y documentos en el sistema judicial, especialmente para personas con dificultades lectoescritoras.
Paralelamente, el departamento está terminando el primer modelo de consentimiento informado accesible, que permitirá a personas hospitalizadas o residentes en centros entender los procedimientos a los que serán sometidas y poder autorizarlos adecuadamente. El Ministerio también refuerza la formación en accesibilidad cognitiva en las unidades de violencia contra las mujeres.
Desde el Gobierno se subraya que la incorporación de la accesibilidad cognitiva a la ley constituye un avance relevante en términos de calidad democrática, al establecer obligaciones claras para las administraciones públicas y garantizar el derecho a comprender los entornos. Esta normativa, apuntan, contribuye además a superar antiguos marcos jurídicos que restringían la participación de personas con discapacidad y limitaban su reconocimiento pleno como ciudadanos.
El Ejecutivo destaca asimismo el carácter pionero de la Constitución española, que incluye referencias explícitas a la accesibilidad y a la protección reforzada de las mujeres con discapacidad. Con este mandato como base, el Ministerio ha propuesto una reforma profunda de las leyes de discapacidad y dependencia, de modo que la accesibilidad deje de ser un principio orientativo y pase a ser un derecho exigible ante los tribunales.
Aunque España cuenta con un marco legal avanzado en esta materia, el Gobierno prevé dar un paso más mediante la creación de un fondo estatal destinado a financiar intervenciones de accesibilidad en los servicios públicos, con el objetivo de asegurar su implantación efectiva en todo el territorio.
Fuente: Servimedia