El facilitador judicial es una figura clave para garantizar que los procesos judiciales sean accesibles y tengan en cuenta las necesidades de las personas todas las personas, en particular, las que tienen discapacidad intelectual.
Por este motivo, la fiscal de la Sala Coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado, María José Segarra, y la vicepresidenta de Plena inclusión España y activista con discapacidad, Maribel Cáceres, coincidieron en la urgencia de que se concrete y se desarrolle esta figura a nivel estatal para poder garantizar una participación en igualdad de condiciones.
“Hay muchas personas con discapacidad intelectual que terminan en la cárcel sin saber muy bien qué han hecho ni por qué están ahí”, denunció Maribel Cáceres. El problema, señaló, es que el proceso judicial “no es accesible” para ellas.
El facilitador judicial permite, además, que las personas con discapacidad que tengan que pasar por algún proceso judicial y policiales puedan expresarse y tomar decisiones informadas.
Según la fiscal Segarra, hay muchas personas a las que se les ha detectado una discapacidad intelectual ya en el sistema penitenciario. Son personas que no obtuvieron los apoyos que necesitaban a lo largo del proceso judicial por el que debieron pasar.
Estas declaraciones formaron parte de un diálogo para conmemorar el cuarto aniversario de la Ley 8/2021, que reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Este diálogo fue organizado por la agencia de noticias Servimedia junto a fundación Aequitas y la Alianza Apoyo y Autonomía.
Fuente: Servimedia